Janet Sanz declara como investigada el 15 de marzo

Janet Sanz declarará como investigada, nueva condición de imputado después de la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), el lunes, 15 de marzo. La responsable de Urbanismo de Barcelona comparecerá ante el juez que instruye la querella por cuatro presuntos delitos cometidos en el veto de un hotel en la Casa Buenos Aires del barrio de Vallvidrera, donde el Ayuntamiento rechazó la construcción y apertura de un hotel. 

Lo ha avanzado Metrópoli Abierta citando fuentes judiciales. La portavocía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha confirmado, como avanzó este medio, que Sanz está denunciada por prevaricación, omisión de la obligación de perseguir delitos y obstrucción a la justicia. Su declaración se enmarca en la fase de instrucción del procedimiento, previa a la apertura del juicio oral, si el togado la decreta al dar por sólidos los indicios de delito. 

"Razón justificada" para aplazar

¿Puede Janet Sanz aplazar su declaración como investigada? Según el TSJC, la concejal de Urbanismo debería comparecer para someterse a las preguntas de todas las partes, a las que puede elegir contestar o no hacerlo. La edil del equipo de Ada Colau en Barcelona debería esgrimir un motivo de peso para suspender la sesión, una "razón justificada". 

El Ayuntamiento de Barcelona, por ahora, no ha confirmado si la concejal responsable de Urbanismo comparecerá ante el juez y las partes o pedirá un aplazamiento de la citación. 

Apaño en la Casa Buenos Aires

Discurra como lo haga la declaración de Sanz y el procedimiento judicial contra ella, lo factual es que el caso ya ha provocado un precio político. Ciudadanos ha pedido que se aparte a la responsable de Urbanismo hasta que se aclare su situación judicial. El partido naranja ha pedido la misma medida para Eloi Badia, contra quien una asociación vecinal se querellará por prevaricación. 

Previo a ello, la actuación del equipo de Janet Sanz en la Casa Buenos Aires ha estado marcada por la polémica. Un inversor, London Private Company, compró el antiguo palacete modernista para reformarlo y construir un hotel. El Ayuntamiento de Barcelona no concedió las licencias preceptivas, hasta que el lugar fue okupado a principios de 2019. Tras ello, el Ejecutivo local de BComú y PSC anunció su expropiación para convertirlo en equipamiento. El privado ha denunciado al considerar que sus derechos fueron vulnerados, algo que tendrá que demostrar ante el juez.