Puigdemont quiere un gobierno que fiscalice a los jueces

La justicia, pilar básico de todo Estado democrático, vuelve a ser la gran olvidada en la campaña. Los candidatos a las elecciones catalanas del 14 de febrero han obviado las mejoras necesarias en esta administración en sus debates. Por ello, es necesario acudir a sus programas electorales para conocer sus propuestas. Junts per Catalunya (JxCat), ERC y CUP dan un enfoque secesionista a la cuestión, con referencias a lo que consideran “represión” de los jueces.

El partido de Carles Puigdemont va más allá e incluso propone fiscalizar la labor de los profesionales de la justicia para evitar, según él, “actitudes antidemocráticas”. El resto de formaciones proponen medidas para modernizar los órganos judiciales, que todavía adolecen de carencias en digitalización, y reforzar las plantillas.

JxCat: "Vigilancia del sistema judicial"

La Generalitat tiene competencias en materia de gestión en la Administración de Justicia, pero tanto jueces como fiscales son un cuerpo nacional. Los partidos secesionistas defienden una independencia judicial en la línea de lo apuntado en sus leyes de ruptura. Concretamente en la Ley de transición hacia la república catalana, que preveía un control absoluto de los jueces. El programa de JxCat abunda en esa idea e incluso propone un sistema de “vigilancia” del sistema judicial.

“En los últimos tiempos estamos viendo que el Estado utiliza la justicia como herramienta para reprimir la disidencia. Cataluña necesita, pues, la independencia también para liberarse de ese yugo”, indica el programa de los neoconvergentes.

Tras proponer una ley de amnistía para “3.000 personas represaliadas”, JxCat apuesta por un observatorio de la justicia para “detectar ineficiencias del sistema judicial y articular las correspondientes propuestas de solución”.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, junto a su mujer tras declarar ante el TSJC por desobediencia / EUROPA PRESS

Uso del catalán

Asimismo, la candidatura de Puigdemont está a favor de “vigilar el uso sesgado, antidemocrático o irrespetuoso con los derechos fundamentales del derecho y/o el sistema judicial para denunciar las vulneraciones y, en su caso, impulsar el ejercicio de las acciones que procedan". Como por ejemplo “denunciar las actuaciones de tribunales que no sean imparciales así como las investigaciones o actuaciones de la fiscalía carentes de neutralidad” y “promover el ejercicio de las acciones necesarias para defender a los catalanes y catalanas que se vean perseguidos por motivos ideológicos”.

JxCat exige “el pleno reconocimiento del uso del catalán en las instituciones judiciales y que su conocimiento sea un requisito para poder ejercer en la Administración de Justicia de Cataluña”, así como “exigir que el catalán sea la lengua vehicular de todos los procedimientos judiciales en Cataluña”.

ERC y la "judicialización" de la vida política

ERC también hace referencia en su programa a la "represión" judicial. “La legislatura actual ha estado marcada por la judicialización de la vida política a raíz de la celebración del referéndum del 1 de octubre y de un proceso judicial en contra del movimiento independentista que no ha tenido nada que ver ni con la justicia ni con la separación de poderes”.

El consejero de Acción Exterior, Bernat Solé, a su llegada al juicio celebrado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por permitir el referéndum cuando era alcalde de Agramunt (Lleida) / ERC

Al igual que JxCat, dedica atención “reconocer y dignificar los derechos de las personas usuarias, consumidoras, litigantes y solicitantes al uso de la lengua para poder mantener en todos los ámbitos administrativos, judiciales y oficiales, dotando de recursos su promoción y aplicación en todos los ámbitos y en el software público y privado a partir de la reanudación de la dinamización lingüística”.

CUP y la "hostilidad" de la judicatura

La CUP quiere una reformulación del poder judicial ante “tanta hostilidad de la judicatura y la fiscalía que existe en este momento en Cataluña”. Por ello, quiere “garantizar el respeto de este colectivo hacia al proceso político que vive el país y no interferir en el campo de recuperación de soberanías, que además tendrá máxima expresión en el proceso de ruptura”.

En materia de seguridad, los antisistema proponen “auditar públicamente desde el Parlament el funcionamiento de la División de Información el Complejo Central de Egara (Comisaría General de los Mossos) para poder evaluar su funcionamiento y qué persecución política ilegal ha llevado a cabo desde la su creación”, así como “trabajar para desarticular las Unidades de Investigación, que funcionan como espacios de policía política destinada al control de los movimientos sociales y políticos y su criminalización. Proponemos la desaparición de las Unidades de Información”. La creación de un "Observatorio de Control y Garantía de los Derechos Humanos de los cuerpos policiales en Cataluña” es otra de las propuestas de la CUP con la finalidad de asumir “funciones de control, denuncia y transparencia en relación con las vulneraciones de Derechos Humanos perpetradas por los cuerpos de seguridad”.

Manifestación independentista ante el TSJC / CG

Em Comú Podem, a favor de una auditoría

Los partidos no independentistas ponen el foco en las carencias de la administración de Justicia. En Comú Podem propone “articular mecanismos de participación ciudadana y mejorar la transparencia y rendición de cuentas de la Administración de Justicia”, así como  “una auditoría para valorar la situación real de la justicia, diseñar planes de actuación para una modificación estructural que garantice la eficacia, la eficiencia, la especialización y la proximidad a la ciudadanía”. Los comunes quieren implantar “de manera efectiva el expediente judicial electrónico”.

Aprobar un plan de aumento y estabilización de plantillas para hacer frente a la elevada tasa de temporalidad y para conseguir que la justicia "sea respetuosa con el tiempo de la ciudadanía y de los profesionales en los procedimientos y en los trámites judiciales” es otra de las propuestas del partido de Jèssica Albiach.

PSC y el objetivo de papel cero 

PSC-Units también quiere “garantizar que la Administración de Justicia disponga de los recursos necesarios para la plena implementación de la Oficina Judicial en Cataluña y una mejora de su gestión”. En este sentido, apuestan por “la apertura de nuevos puntos de información a la ciudadanía y de acceso telemático para conocer el estado de tramitación de sus expedientes”. En este sentido, quieren “trabajar por la consecución del objetivo de papel cero, mediante la digitalización de los archivos judiciales y una mejora del funcionamiento del portal e-Justicia, para contribuir a una mejora del medio ambiente y evitar acumulaciones de expedientes que dificultan la tarea del personal y profesionales”.

Los socialistas proponen fórmulas para garantizar el uso de la lengua catalana en el ámbuito de la justicia, aunque no propone que sea un requisito para acceder a esta administración.

Ciudadanos y la separación de poderes

Ciudadanos se compromete a velar por la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial. “Nos opondremos con firmeza desde el Gobierno a cualquier pretensión de politizar la Justicia. Rechazamos por completo la reforma consensuada en Cataluña por el PSC, ERC y En Común Podem para tomar el control y nombrar una mayoría de vocales afines a sus intereses en el Consejo General de Poder Judicial”. En este sentido, “estableceremos los mecanismos necesarios para que el Parlamento no participe en la elección de magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)”.

Cs, que presenta a Carlos Carrizosa como presidenciable, aboga por avanzar hacia “una justicia más eficiente, moderna, ágil y cercana. Dotaremos nuestra Administración de Justicia de los recursos materiales y humanos suficientes y pondremos en funcionamiento medidas para descargar la saturación que sufren nuestros juzgados y reducir la litigiosidad evitable”.

PDECat y la descentralización judicial

PDECat propone mejoras personales y materiales, pero también “recuperar el Consejo de Justicia de Cataluña que preveía el Estatut y que el Tribunal Constitucional suprimió".

Ampliar las competencias del TSJC, para que se convierta en el tribunal de última instancia jurisdiccional en Cataluña, y proponer la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para garantizar los derechos lingüísticos de los catalanes en sus relaciones con la Justicia también forman parte del paquete de medidas judiciales de la candidata Àngels Chacón.

Los puntos programáticos que el PP ha hecho públicos no contemplan medidas para esta administración.