La fiesta ‘rave’ desnuda al Govern independentista de Sàmper y Aragonès

The end. This is the end. El tema de Jim Morrison se escucha a todo volumen en el Palau de la Generalitat y en los departamentos del Govern. Una fiesta de fin de año, una rave, que no es nueva, que se produce todos los años en distintos puntos de la geografía catalana, es el detonante de la falta total de coordinación y de gestión del Ejecutivo catalán, que ya no disimula en airear a todo trapo sus diferencias.

Una rave en Llinars de Vallès (Barcelona) en plena --todavía-- pandemia de Covid, que ni se supo atajar antes de que se instalaran sus organizadores ni se quiso desmantelar cuando ya habían pasado hasta 36 horas desde su inicio. Esa rave desnuda al Govern independentista, que ahora tiene dos caras: la del consejero de Interior, el neoconvergente Miquel Sàmper y la del vicepresidente del Govern, el republicano Pere Aragonès, avalador de la republicana Alba Vergés, titular de Salud.

La figura de Trapero

Con Sàmper estaba este sábado, a la hora de dar unas mínimas explicaciones, el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, que --absuelto por la Audiencia Nacional en el proceso del 1-0-- ha recuperado el cargo llevando a cabo prácticas similares a las de ese otoño negro de 2017. Para Trapero la operación de desalojo de la rave se debía “hacer bien” y no era suficiente, a su juicio, utilizar medidas policiales, dejando la pelota en el tejado del departamento de Salud, que dirige la republicana Alba Vergés. Sàmper, el titular de Interior, insistió en esa línea, responsabilizando a la republicana de no ofrecer ningún protocolo. Es decir, qué hacer con los desalojados y si era necesario o no que se les practicaran pruebas para saber si estaban infectados por el Covid.

Sàmper, que sustituyó a Miquel Buch al frente del departamento –una de las últimas decisiones del expresidente Quim Torra-- ha tenido durante todos estos últimos meses esa sombra: la de evitar operaciones contundentes por parte de los Mossos, a diferencia de Buch, que fue acusado por la CUP y los nuevos independentistas de Junts per Catalunya de favorecer la “represión”. Y en esa línea sigue: comunica con fluidez, pero no se aplica nada de lo que anuncia, y espera el momento para seguir en algún cargo en el Govern tras las elecciones. Ese es su propósito: afán de protagonismo, pero evitando cualquier gestión arriesgada.

Comunicación inexistente

Sus explicaciones, que apuntaban a la responsabilidad de los republicanos --que quieren exhibir, precisamente, que ahora se dedican a la gestión y que pueden manejar situaciones mucho más complicadas que atajar una rave-- quedaron en entredicho en menos de una hora. La propia consejera, Alba Vergés, señalaba que Sàmper le llamó cuando ya hacía “23 horas” que había comenzado la fiesta con música estridente y sin medidas de protección para evitar las infecciones.

El incidente, uno más, muestra la ruptura total en el seno del Govern. La comunicación no existe, y cada consejero intenta salvar los muebles, con la necesidad, como sea, de llegar al 14 de febrero y probar suerte en las elecciones. Mientras el duelo entre Sàmper y Vergés se estaba larvando, a lo largo de todo este sábado, y ante la indignación de entidades representativas del ocio nocturno --sacrificado y cerrado durante meses-- la candidata de Junts per Catalunya, Laura Borrás, sin ninguna experiencia política ni de gestión --más allá del Instituto de las Letras Catalanas, con prácticas por las que ha sido investigada judicialmente-- se dedicaba a criticar a Salvador Illa por un cartel ya como candidato del PSC a la Generalitat en el que se presenta como el que tiene la vacuna para acabar con el procés. Cuestión que le ha propiciado un correctivo en redes sociales por pasar de la realidad catalana, el escándalo social que ha generado la fiesta de Llinars. 

La 'vieja' Convergència

El Govern de la Generalitat, como tal, ha dejado de existir. Los dos socios no se soportan, aunque admiten que deberían llegar a algún acuerdo tras las elecciones sin quieren mantener el poder. Sin embargo, se trata de un discurso retórico. Esquerra quiere despegarse de dirigentes que no ha dejado de considerar en ningún momento como herederos de la vieja Convergència. Las siglas son otras, los objetivos políticos se dice que son distintos --la independencia-- pero lo que se persigue es el poder y los cargos en la administración. Y Esquerra quiere volar sola, aunque ninguna encuesta ofrece resultados tan positivos para pensar en que eso será posible, con un mínimo acuerdo con los Comuns, y con la sombra siempre --con la búsqueda de distintas fórmulas-- de los socialistas catalanes.

El problema se acrecentará en los próximos días, porque la pandemia incide con fuerza en Cataluña, y las UCI de los hospitales podrían colapsarse en breve. Eso implica que, en los días justo anteriores al 15 de enero, el Govern deberá decidir si se aplazan o no los comicios del 14 de febrero. Y la cuestión es que gestionar más allá de esa fecha, con el Ejecutivo roto, sin orientación, con la batalla campal entre Junts per Catalunya y ERC, puede ser una tortura para todos los consejeros. ¿Alargar la agonía hasta la primavera? ¿Y cómo se toman decisiones hasta ese momento?

Lo que denota el deseo de Budó

Pere Aragonès lo intenta, --aparecer como un gestor mínimamente serio-- pero lo marca de cerca la portavoz del Ejecutivo, Meritxell Budó, de JxCat, que admite en privado, sin embargo, que Esquerra tiene las de ganar y que ella aspiraría a la presidencia del Parlament, señal inequívoca de que la formación de Carles Puigdemont no ganaría las elecciones. En los acuerdos entre las dos formaciones, la presidencia del Parlamento catalán es para el partido perdedor, como ocurrió en 2017, cuando JxCat se impuso a ERC de forma insesperada. Ahora se espera lo contrario. Y lo que intenta Puigdemont es erosionar al máximo a sus socios de legislatura para que la victoria que anuncian las encuestas --con permiso de que el PSC pueda romper los pronósticos con la candidatura de Salvador Illa-- sea la más triste posible.

Mientras todo eso ocurre en el Palau de la Generalitat, los sectores económicos más afectados saltan indignados. El cierre perimetral de distintas comarcas ha arruinado la campaña navideña; el sector del ocio nocturno abre los ojos como platos al comprobar lo ocurrido en Llinars, y las patronales insisten en que el cierre de empresas será de órdago en el primer trimestre del año sin medidas contundentes. Una fiesta, una rave de unas 200 personas --de nacionalidad española y también con la presencia de muchos extranjeros-- ha dejado en evidencia que en la Generalitat no hay nadie.