De Convergència a Junts: el amiguismo en la gestión del agua
La relación entre el alcalde de Vidreres (JxCat), investigado por supuesto fraude, y el empresario Mallart se remonta a 20 años atrás, cuando éste era dirigente local de CDC
2 enero, 2021 00:00Sucedió hace 20 años. Dirigente local de Convergència designa como futura promesa a un joven veinteañero que, con el tiempo, se convertiría en alcalde. Una vez al frente del gobierno, el edil contrata a su padrino político, ya en la empresa privada.
La gestión del agua en Vidreres, un municipio de Girona de casi 8.000 habitantes, ha destapado una supuesta trama que, de confirmarse los hechos denunciados, es un claro ejemplo de amiguismo convergente de manual. Tal como publicó Crónica Global, el cambio de titular del juzgado instructor y la pandemia supusieron un parón en la investigación de un supuesto fraude en la gestión del agua por el que están imputados el alcalde de la localidad, Jordi Camps (Junts per Catalunya), y el empresario Marc Mallart.
Primeros testigos ante la juez
La juez María Pilar Lao, titular desde hace poco más de un mes al frente del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Santa Coloma de Farners, ha reactivado el caso y ha citado para el 10 de febrero a dos testigos.
La investigación se basa en la querella presentada por la Asociación de Defensa de las personas Consumidoras de la Selva que acusa a Camps de adjudicar al grupo de empresas de Mallart el suministro de agua a las urbanizaciones La Goba, Aiguaviva Parc, Puigventós y Terrafortuna. Sin embargo, el grupo Mallart “de forma deliberada y continuada, no paga desde hace años al Ayuntamiento de Vidreres el agua que le proporciona".
En cambio “sí cobra los recibos de agua de los usuarios finales de las urbanizaciones” y “no tiene autorización para realizar la captación de agua procedente de cuatro pozos situados en Vidreres y diez ubicados en Llagostera”, aseguran los denunciantes. En su declaración en el juzgado, Camps niega haber perdonado facturas a las empresas de Mallart.
Relación desde hace 20 años
La relación de Mallart y Camps se remonta a hace dos décadas, cuando el primero era presidente de CDC en Vidreres y concejal en el Ayuntamiento. El relevo generacional en esta agrupación, así lo decidió el propio Mallart, pasaba por un joven de apenas 20 años, Jordi Camps, concejal entre 2007 y 2011 hasta que, en ese último ejercicio, se convirtió en alcalde.
A su vez, Mallart sería destituido como concejal cuando ERC gobernaba en Vidreres en 2006 por diversas irregularidades, entre ellas compatibilizar el cargo público con presidir una empresa que suministraba agua a la población. Su entramado de empresas formado por Rec Madral Companyia d’Aigües SA, Riera de Cabanyes Companyia d’AIgües SA, Corporació Riera Cabanyes SL, Corporació Rec Madral SL, Empowerment SL, Master Llagostera SL y Technologic Camps Solutions SL.
Camps, que no esconde su activismo independentista, preside Xaloc, un organismo autónomo de la Diputación de Girona habilitado desde 2014 para recaudar tributos de la Generalitat a modo de embrión de la Hacienda catalana. Incorporado ya al partido de Carles Puigdemont, Camps ha pedido avales para que JxCat pueda presentarse a las elecciones del 14F.
Delitos imputados
Lo que ahora debe determinar la juez es si los contratos entre el alcalde y Mallart --Camps considera una causalidad que ambos compartieran domicilio social, ya que el alcalde fue administrador de la mercantil Tecnologit Camps Solution SL-- son constitutivos de delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y alzamiento de bienes.
Pero esas sinergias convergentes tienen otro protagonista, el gerente del Ayuntamiento de Vidreres, Sergi Baulida --interlocutor municipal con las urbanizaciones--, quien previamente había ejercido ese cargo de confianza en los ayuntamientos de Torroella de Montgrí y Amer, la ciudad natal de Puigdemont. El fichaje de Baulida en 2015 causó mucho revuelo, ya que, según recordó ERC, el consistorio de Torroella impuso una sanción a su exgerente de un año y un mes de suspensión de empleo y sueldo por acoso laboral contra el personal municipal.
En paralelo a las actuaciones judiciales, ahora reactivadas, las urbanizaciones afectadas se han movilizado. Una de ellas es Puigventós, que lamenta que el Ayuntamiento la trate “como una urbanización privada, cuando nunca ha sido así”, explican representantes de este núcleo. Aseguran que el único avance hasta el momento es la oferta por parte del consistorio de una recepción del agua parcial que aplaza para más adelante la gestión muncipal de las instalaciones. “No podemos aceptarlo porque la urbanización, históricamente, ya debería estar recepcionada íntegramente. Hay documentación que es clara en este sentido”, sentencian los mismos interlocutores.
21 años sin resolver el problema
Se refiere a un dictamen jurídico que el propio ayuntamiento encargó, según el cual “a la luz de la jurisprudencia, queda claro que la previsión de carácter indefinido de la Entidad urbanística de conservación de la unidad de actuación 26 Puigventós en relación a las funciones de mantenimiento y conservación más allá de los cinco años fijados por todas las normativas anteriores es disconforme a Derecho, habiendo procedido a su disolución. En el momento de su disolución, el Ayuntamiento de Vidreres debería asumir la obligación del mantenimiento íntegro de los servicios urbanísticos del ámbito”.
El documento tiene fecha de 2 de junio de 2017 y fue aportada a las diversas reuniones que portavoces de las urbanizaciones han mantenido con el gobierno municipal.
"Un tema complicado"
“Me parece una barbaridad que el Ayuntamiento lleve 21 años sin resolver el problema y, obviamente, parece que el gran beneficiado es Mallart, que factura en recibos de agua aproximadamente un millón de euros al año en Vidreres", denuncian desde la urbanización Puigventós. "Aunque cobra un mínimo de agua de 52 euros cada dos meses, su mantenimiento es posiblemente el peor de toda España”, añaden.
Desde el ayuntamiento se asegura que la polémica con la gestión del agua es tema muy complicado y que están trabajando muy duro en ello. Mantienen que la municipalización del servicio se resolverá, finalmente, en dos años.