Deshielo lingüístico entre Gobierno y Generalitat

Una reciente reunión del Consejo de Lenguas Oficiales de la AGE, a la que asistió la directora de Política Lingüística de la Consejería de Cultura de la Generalitat, Ester Franquesa.

"Un derecho ciudadano"

El secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernández, ejerció de anfitrión de esta reunión, en la que se aprobaron unas pautas para impulsar las lenguas oficiales --“un derecho del ciudadano que debemos garantizar”, dijo Hernández-- en la administración central.

Fruto de esa reunión, la sexta del Consejo de Lenguas, fue la aprobación de una serie de recomendaciones que, a modo de hoja de ruta, permitirán impulsar y actualizar el uso de las lenguas oficiales en la Administración General del Estado. Destacan la recopilación y sistematización de las obligaciones de la AGE en materia de lenguas cooficiales, la aplicación de un sistema de indicadores para poder evaluar y medir las acciones que se llevan a cabo y medidas de sensibilización y concienciación entre las empleadas y empleados públicos de servicios centrales que prestan servicio a todo el territorio.

Unidades de Lenguas en los ministerios

Asimismo, el Consejo de Lenguas acordó crear unidades de Lenguas en los ministerios. En este sentido, se propone la designación de una persona responsable que sirva de interlocutor con la Oficina de Lenguas. Aumentar las actividades de formación, así como la dotación de medios personales y materiales para el desarrollo de la política lingüística, así como establecer una metodología para la validación de páginas web, también forman parte de los acuerdos de esa reunión, en la que participaron, además de la representante catalana, responsables de cultura de la Comunidad Foral de Navarra, Comunitat Valenciana y Galicia.

Tuit en catalán de Pedro Sánchez

Que el Estado se convierta en actor en la defensa del catalán, el vasco y el gallego en toda España, pero también de la protección de los derechos de los castellanohablantes en Cataluña, es el objetivo que personalidades como Mercè Vilarrubias, Juan Claudio de Ramón o Joaquim Coll, propugnan desde hace años. El proyecto está recogido de forma detallada en el libro de Vilarrubias, Por una Ley de Lenguas (Deusto)".

El ambiente de confrontación que generaba el procés impidió que el Gobierno del PP se interesara por ello. Tras el relevo en el Ejecutivo español y el ambiente de distensión que le ha sucedido --un tuit de Pedro Sánchez en catalán reabrió el debate--, Vilarrubias siempre ha considerado viable recuperar ese proyecto e incluir un aspecto muy importante: la protección de los derechos lingüísticos.

Mercè Vilarrubias con su libro 'Por una ley de lenguas' / LENA PRIETO

“Celebro esta reunión y lo que se ha acordado. Efectivamente, veo que es un Estado activo en política lingüística, que es lo que propone la ley de lenguas. Es un tema muy importante. El Estado debe tener un relato. Es un avance poner las bases, es poca cosa aún, pero es bienvenido”, explica Mercè Vilarrubias a Crónica Global .

En concreto, valora positivamente "que las lenguas se consideren un derecho de la ciudadanía y un deber garantizarlo. Es un buen discurso. Crear unidades de Lengua y aumentar los medios materiales y humanos también es muy bueno". La catedrática es consciente de que esta reunión se produce poco después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a impartir al menos el 25% de las clases en castellano en las escuelas catalanas.

"Cumplir la sentencia del TSJC no es contradictorio con hacer una política lingüística estatal. Con el debate de la ley Celaá, hemos visto el pensamiento de trinchera de los nacionalistas, que repiten siempre lo mismo sobre el modelo de éxito, de cohesión social. Siempre oímos lo mismo y algunos sectores de la derecha, por su parte, no quieren oír hablar de otras propuestas. Y en medio, estamos los que defendemos el bilingüismo y queremos convivencia de lenguas". Una manera de romper esa dinámica de trincheras es, a su juicio, "hacer esto, hacer política lingüística estatal. No hemos tenido hasta ahora".

"Vulneración de los derechos de los castellanohablantes"

Isabel Fernández Alonso, profesora titular de Comunicación de la UAB y miembro de Impulso Ciudadano, Universitaris per la Convivència y Foro de Profesores, considera que "por supuesto que se han de respetar los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos y por supuesto que la diversidad lingüística es una riqueza. Lo que resulta asombroso, sin embargo, es que este Consejo de Lenguas no tenga nada que decir sobre la sistemática vulneración de los derechos de los castellanohablantes en diferentes puntos del país".

Isabel Fernández Alonso, en Crónica Global / LENA PRIETO

La académica recuerda "con estupor el acta de una reunión de un instituto de Ibiza difundida recientemente en prensa en la que se indicaba literalmente que 'la lengua vehicular del centro a todos los efectos (clases, reuniones con alumnado, profesorado y familias) es el catalán” y que sus normas de funcionamiento “están por encima de los derechos individuales”. Por no hablar de las inaceptables presiones a los niños para que no escriban las cartas al Papa Noel vasco en español o los crecientes boicots a comercios en Cataluña porque algún dependiente se expresa en la lengua oficial de todo el Estado".

A juicio de Fernández, "parar este desatino sí que es una prioridad absoluta, no solo porque se han de respetar los derechos de las personas, sino porque la lengua común es un elemento esencial de cohesión social. Por eso está siempre en el punto de mira de los separatistas. La Administración del Estado es perfectamente bilingüe en Cataluña. Miremos todos los documentos que expide o la información que se distribuye en sus dependencias. ¿No cabría incidir, para enfocar correctamente el problema, en cómo es posible que, por ejemplo, el presidente de la Generalitat nunca dirija a los catalanes unas palabras en su lengua mayoritaria? Ni siquiera en tiempos de pandemia".