La disolución del Consejo Comarcal del Barcelonès deja a la plantilla en el limbo

La disolución del Consejo Comarcal del Barcelonès (CCB) dejará a la plantilla en el limbo. Treinta empleados de la institución han empezado a organizarse para reivindicar su "imparcialidad" y reclamar que se respeten sus derechos.

El personal esperará a la desaparición efectiva del ente, aprobada ayer, miércoles 15 de marzo, para iniciar acciones formales. De momento, piden respeto para su trabajo.

"La decisión de disolver el ente es política. Veremos cómo la aplican el Govern y el Parlamento catalán, en función de las competencias y la planificación del territorio. Lo que sí defenderemos es nuestra neutralidad e imparcialidad; nuestra eficacia, eficiencia y profesionalidad", ha avisado una portavoz de CCOO.

La representante reivindicaba así la labor desarrollada durante más de tres décadas por el organismo, cuya gestión investiga ahora la fiscalía.

"No somos sillas"

Mientras aguardan a la decisión de la Generalitat, los empleados lanzan un aviso a los encargados de recolocarlos en otras administraciones. "No somos sillas. Aquí hay treinta personas que son funcionarios de pleno derecho y con experiencia", ha agregado la misma fuente.

"Seremos respetuosos con la legalidad que emane del Parlament --ha continuado--, pero no permitiremos que nos menosprecien o que nos laminen derechos o categorías. Como en cualquier otra empresa".

Sin inquietud por las investigaciones

Con lo que respecta a las investigaciones que lleva a cabo la fiscalía, los profesionales de la institución se muestran tranquilos. "Ha habido mucho ruido. Pero todo ello compete al campo político. Nosotros somos servidores públicos", ha remachado Comisiones Obreras.

"Lo primero que hay que conseguir es la unidad entre nosotros. Por eso hemos pedido respeto durante el pleno de hoy (por ayer)", ha apostillado la misma fuente.

En el punto de mira

El Consejo Comarcal del Barcelonès se disolvió ayer acuciado por los casos de presunta corrupción tras 29 años de historia.

El organismo, formado por electos de cinco ayuntamientos --Barcelona, Badalona, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet y L'Hospitalet de Llobregat--, es el objetivo de al menos tres investigaciones de la fiscalía por supuestas irregularidades, nombramiento de cargos y contratación en la Marina Badalona.

Además, varios de sus excargos y cargos han sido denunciados, y algunos imputados, en el caso Marina Besòs, en el que se adjudicó de forma presuntamente irregular la gestión de las piscinas de Sant Adrià a Martín Ferrer, dueño de Amnesia Ibiza.