La Fiscalía archiva la investigación por prevaricación contra Marta Pujol Ferrusola

La Fiscalía Provincial de Barcelona ha archivado la investigación por presunta prevaricación contra Marta Pujol Ferrusola. La causa se centraba en determinar la existencia de trafico de influencias en la construcción de 96 apartamentos en Sant Vicenç de Montalt (Barcelona) que fueron avalados por la hija del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol.

Las diligencias se abrieron en 2019 a raíz de una denuncia sobre la concesión de licencias de obras en una zona exclusiva de golf de Sant Vicenç de Montalt. A cargo de la operación, supuestamente al margen del ordenamiento urbanístico, estaba Marta Pujol como arquitecta municipal.

Nulidad de las obras

Ya en 2017 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) declaró nula la licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento de Sant Vicenç de Montalt y ordenó el derribo de todo lo construido.

El motivo que ha llevado a la Fiscalía a archivar la causa se encuentra en que los hechos ya han prescrito, ya que fue en 2007 cuando se inició el proyecto y el consistorio decidió iniciar el proyecto sin alterar el plan urbanístico. Con todo, el documento sí que considera que se encuentra en vigor el informe redactado por Marta Pujol en julio de 2015 en favor de la legalización de las obras y el del técnico jurídico del área de Urbanismo, que versa en el mismo sentido.

Tráfico de influencias

Sin embargo, la Fiscalía subraya que esos informes no fueron objeto de ningún recurso contencioso administrativo ni valorados en las sentencias anteriores. Además, el fiscal también decreta que “el hecho de que los investigados actuaran conforme a un POUM que, ocho meses después de los informes, fue anulado en sentencia del TSJ, no puede comportar que su actuación se convierta automática y retroactivamente en delictiva”.

Asimismo, la Fiscalía tampoco ha encontrado indicios de posible tráfico de influencias por parte de Marta Pujol, como se desprendía del informe de la Guardia Civil. Esto ha llevado al archivo de las diligencias al no acreditarse la existencia de hechos delictivos no prescritos.