La Fiscalía aprueba fianzas para tres de los CDR detenidos por presunto terrorismo

La Fiscalía abre la puerta a que la justicia imponga fianzas de 9.000 euros a tres de los CDR detenidos por presunto terrorismo y que están encarcelados desde el 26 de septiembre. Es decir, aprueba que puedan salir en libertad previo depósito de esta cantidad aquellos que en ningún momento tuvieron contacto con explosivos.

Esta es la respuesta de la Fiscalía a los recursos de apelación ante la Audiencia Nacional de cuatro de los CDR detenidos, defendiendo que estos investigados conformaban, junto a otros compañeros también encarcelados, un grupo terrorista. En esta línea, ha advertido del riesgo de fuga de quedar en libertad.

Fianzas irrisorias

En la vista, celebrada a puerta cerrada ante la sección segunda de lo Penal, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, ha expuesto de forma breve estos motivos para que se les mantenga en prisión y se ha remitido al informe que remitió por escrito a la Sala en respuesta a los recursos.

Por su parte, la acusación popular, que ejerce la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (Acvot), se ha manifestado en contra de la puesta en libertad de esos tres CDR y ha calificado de "irrisorias" las fianzas propuestas por la Fiscalía.

Las cajas de resistencia

Ha añadido que esas cantidades pueden obtenerlas sin dificultad de las denominadas cajas de resistencia de asociaciones independentistas y ha recordado que ese fue el caso de la expresidenta del Parlament catalán Carme Forcadell, que en pocas horas pagó una fianza de 150.000 euros que le impuso el juez del Supremo Pablo Llarena para poder salir de prisión.

La defensa de los cuatro CDR, representada por abogados de la plataforma Alerta Solidaria, ha insistido a su vez en que la Audiencia Nacional no es competente para llevar esta investigación, que, a su juicio, debería trasladarse a juzgados ordinarios.

En manos de los jueces

En este sentido, ha recordado que en el caso de la CDR Tamara Carrasco, un año antes, un juez de la Audiencia Nacional acordó en 2018 que su actividad no podía ser calificada de terrorismo, sino de desórdenes públicos, y remitió la investigación a los juzgados de Cataluña.

Los magistrados –José Ricardo Fernández de Prada, Fernando Andreu y María Fernanda Pérez– evaluarán ahora si cabe la puesta en libertad de esos tres CDR, decisión que no han adelantado cuándo se producirá.