La politización de los Mossos d'Esquadra, ante el juez

La persecución de los Mossos d’Esquadra que denuncian la politización dentro del cuerpo llega a los tribunales. Un sargento de la policía autonómica ha interpuesto querella en los juzgados contra su inspector jefe de comisaría, en la que se le acusa de filtrar un comunicado sobre la colocación de lazos amarillos en las dependencias policiales y de desobediencia a una orden dada por el inspector.

Según indica la querella, a la que ha tenido acceso Crónica Global, el sargento expedientado acusa al inspector M.P. de un presunto delito de falsedad documental intentando con ello que la División de Asuntos Internos (DAI) le abriera un expediente disciplinario por infracción grave que podía acabar hasta con 11 meses sin sueldo y pérdida de plaza fija.

Lazo amarillo en una taquilla

Aunque la DAI le abre expediente en marzo de 2019, los hechos se remontan a marzo de 2018, cuando se hizo público un comunicado del Área Básica Policial (ABP) de Santa Coloma de Gramanet referente a la foto de un lazo amarillo colocado en una taquilla de las dependencias policiales aparecida en las redes sociales. En la citada nota interna se advertía de la prohibición de filtrar imágenes de la comisaría, bajo amenaza de expediente por parte de la DAI de los Mossos.

Esta División --a instancia del denunciado, la comisaria Cristina Manresa, el jefe actual de los Mossos Miquel Esquius y el comisario Ferran López--, abrió una información reservada para averiguar la identidad del autor de la filtración, al término de la cual, se determinó que uno de los posibles filtradores es el sargento que ahora ha presentado la querella. 

El expediente y la baja temporal

El informe, afirma el afectado, no puede determinar esa autoría, por lo que a instancias del jefe de comisaría se le intenta expedientar por no comunicar, en su condición de sargento, el contenido del comunicado interno a su grupo de trabajo los días 12 y 13 de marzo de ese año.

Se da la circunstancia de que, ese mismo día 13, el querellante cogió la baja temporal y no pudo prestar servicios policiales, por lo que era imposible que divulgara ese comunicado. Pese a ello, se le inicia un expediente disciplinario por una infracción grave por incumplir supuestamente la orden del citado inspector. Sostuvo el expedientado en su declaración ante la DAI, y aporta prueba de ello, que el inspector mantuvo una reunión el 13 de marzo en la que no objetó nada  a que el comunicado todavía no hubiese sido explicado debido a que había que ampliarlo e incluso mostró “su aquiescencia”.

"Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas"

Por el contrario, el querellado niega haber tenido una conversación sobre el comunicado objeto de la controversia, a pesar de que el querellante incluye la grabación en su denuncia que da fe de la supuesta "falsedad del funcionario en un documento oficial con trascendencia jurídica" (un expediente disciplinario al sargento). En la grabación se escucha al inspector decir: “Imagina que ahora en mi taquilla, ponen que quiero matar al Rey, yo que sé, me lo invento, cualquier bestialidad (…) ¿Es que estamos locos? (…) Esto debe quedar aquí dentro, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas (…) Es una foto hecha en una comisaría y eso me duele, reflexionemos y escuchemos”, dijo el inspector M.P., según consta en la transcripción de la conversación incluida en la denuncia.

Suspensión de empleo y sueldo hasta once meses

Según el inspector --que niega la explicación del sargento y que implica una sanción disciplinaria por desobediencia a una orden suya que conlleva suspensión de empleo y sueldo hasta 11 meses--, se hablaron de otras cosas, entre ellas, de la asistencia del sargento a un acto de Sociedad Civil Catalana en Girona.

El querellante concluye que este cargo ha faltado a la verdad en la narración de los hechos, algo que es castigado por el Código Penal en el artículo 390.1,4 donde se castiga la falsedad cometida en documentos públicos, oficiales y mercantiles por autoridad o funcionarios públicos. Entiende que el querellado alteró “un elemento de prueba clave” en su expediente sancionador de manera expresa "reiterada y malintencionada" para de esta manera ser suspendido de empleo y sueldo.