Josep Maria Jové (i), citado a declarar por el TSJC junto a Oriol Junqueras, exvicepresidente del Govern y Pere Aragonès, 'número dos' del Ejecutivo autonómico / CG

Josep Maria Jové (i), citado a declarar por el TSJC junto a Oriol Junqueras, exvicepresidente del Govern y Pere Aragonès, 'número dos' del Ejecutivo autonómico / CG

Política

El TSJC abre investigación contra Jové (ERC) por el 'procés'

El Tribunal Superior descarta iniciar pesquisas contra Pere Aragonès, 'número dos' del Gobierno catalán, al no ver probada su vínculo con el órdago independentista de 2017

27 noviembre, 2018 13:08

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha abierto investigación por presunta malversación de fondos públicos y desobediencia grave contra Josep Maria Jové, diputado de ERC en el Parlamento catalán y el que fuera segundo de Oriol Junqueras en el Departamento de Economía cuando éste era vicepresidente del Govern. Por contra, la misma instancia judicial rechaza iniciar pesquisas contra el actual número dos del Ejecutivo autonómico, Pere Aragonès, al considerar que no queda claro su rol en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración unilateral de independencia (DUI) frustrada.

En un auto con fecha de hoy, la instancia judicial considera que Jové tomó parte en el "comité ejecutivo del entramado creado presuntamente por el Govern" junto a las llamadas entidades independentistas pseudociviles como la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural desde 2015. Dicho grupo de trabajo, recalca el TSJC, trabajó para conseguir la independencia tras el pseudoreferéndum del 9 de noviembre de 2014. Este trabajo se realizó "prescindiendo de las leyes y mandatos del Tribunal Constitucional (TC)".

Aragonès se libra

Con lo que respecta a Aragonès, el tribunal considera que la documentación remitida por el juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que inició las pesquisas por organizar y orquestar el proceso secesionista en Cataluña no aclara el vínculo directo del republicano cuando era secretario del Departamento de Economía con la organización del 1-O. Por ello, el TSJC rechaza investigarle de momento, aunque sí recuerda que el alto cargo fue apercibido por el Tribunal Constitucional de que debía impedir o paralizar cualquier acción relacionada con la consulta ilícita de 2017.

Pere Aragonès (i), vicepresidente del Govern, junto al jefe del Ejecutivo catalán / EFE

Pere Aragonès (i), vicepresidente del Govern, junto al jefe del Ejecutivo catalán / EFE

Pere Aragonès (i), vicepresidente del Govern, junto al jefe del Ejecutivo catalán / EFE

Cabe recordar que la Guardia Civil vinculó al también diputado en el Parlamento catalán con cuatro proyectos clave para construir estructuras de estado e incluso con contactos con China para conseguir un crédito puente para costear la separación de Cataluña de España. No obstante, la Fiscalía del TSJC ya había declinado investigar a Aragonès con el procés en septiembre por "falta de indicios suficientes".

Organización, fondos y datos

Por contra, la investigación contra Jové se sustenta en muchos más indicios. El auto desgrana los posibles vínculos del alto cargo de ERC con la hoja de ruta para alcanzar la secesión, eludiendo las resoluciones contrarias del Tribunal Constitucional (TC). El electo en el hemiciclo se encargó de crear las "estructuras administrativas que garantizarían el funcionamiento del nuevo ente y la desconexión con la estructura del Estado". El tribunal subraya que sin estos pilares el intento de independencia catalana. 

Hay más. El TSJC cree que el diputado en el Parlament pudo tener una "eventual responsabilidad" como secretario general del departamento de Economía, que en el momento del órdago secesionista en Cataluña lideraba Oriol Junqueras, actualmente investigado por rebelión y sedición. Con ello, Jové habría podido colaborar en la inyección de fondos para organizar el referéndum ilegal de secesión. También sospecha el Tribunal Superior que el republicano accedió de forma ilegal a la base de datos de ciudadanos del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) para nutrir la consulta ilícita.