La complicidad de la universidad catalana con el 'procés'

Llueve sobre mojado. Tras la suspensión de una conferencia sobre Cervantes en la Universidad de Barcelona por la acción de un grupo de independentistas radicales, se une el intento de bloqueo de un acto el pasado jueves en este mismo centro por la presencia de un magistrado del Tribunal Supremo. El activismo secesionista se ha hecho fuerte en las universidades catalanas, especialmente en los asociaciones de estudiantes. Pero también hay ejemplos de la complicidad de sus órganos de gobierno con el procés.

La profesora de Derecho Civil de la Universitat de Barcelona Chantal Moll ha analizado esa connivencia, así como las vulneraciones legales que ello implica y los orígenes de lo que define com “sumisión al poder político nacionalista”. Moll es una de las impulsoras, junto a Jorge Calero y Maribel Fernández, de Universitaris per la Convivència, un colectivo de 130 profesores procedentes de todas las universidades catalanas que defiende la libertad ideológica.

Moll destaca, entre los principales gestos de complicidad durante el año más duro del procés, la adhesión de la Universitat de Girona al Pacto Nacional del Referéndum por decisión del claustro en junio de 2017. Un 88% de los claustrales asistentes a la reunión votaron a favor de la adhesión (69), seis votaron en contra y tres en blanco.

Reunión del claustro de la Universitat de Girona donde se decidió la adhesión al Pacto Nacional del Referéndum

El rector, Sergi Bonet, anunció que la UdG facilitaría espacios y voluntarios para el 1 de octubre de 2017 si era necesario y afirmó que él sería "un voluntario más".

Este mismo centro se ha posicionado, a través de su página web, a favor de pedir la “libertad de los presos políticos”, reclamación que acompaña con un lazo amarillo.

Por su parte, el Consell de Govern de la UB acordó el 30 de junio de 2017 adherirse al citado Pacto Nacional del Referéndum. En el mismo se recordaba que, ya en 2013, este centro había apoyado la consulta secesionista del 9 de noviembre de 2014.

Contra la comitiva judicial del 20 de septiembre

La Universitat de Vic, el pasado 20 de septiembre de 2017, día en el que una comitiva judicial entró en la Consejería de Economía, emitió un comunicado, según el cual este centro, “ante los hechos tan graves que se están dando en el país con la Guardia Civil registrando organismos de la Generalitat y deteniendo altos cargos, apoya al Gobierno de Cataluña y sus instituciones en este momento tan trascendental para el futuro del país".

El Consejo de Gobierno de la UVIC también se sumó al Manifiesto del Pacto del Referéndum en el que "afirmamos que la cultura democrática reclama soluciones políticas a los problemas políticos. Y lo hacemos apelando al mecanismo fundamental de que disponen las sociedades modernas: el conocimiento y la validación de la voluntad mayoritaria del pueblo que se expresa con el voto".

Polémica reunión en la UAB

En septiembre de 2017, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) se adhirió también al pacto, pero las actas de la reunión del Consejo de Gobierno, celebrada el 12 de julio de ese año, demuestran el intenso debate que hubo al respecto. La rectora, Margarita Arboix, admitió que lo de la adhesión al Pacte es un tema que creaba tensión, que sólo lo había pedido un profesor y que había opiniones en contra. En esa reunión un profesor también pidió la expulsión de Sociedad Civil Catalana (SCC). Arboix y el rector de la Universitat de Lleida, Roberto Fernández, vetaron que el Consejo Interuniversitario de Cataluña se sumara al Pacto por el Referéndum.

La UAB se sumó al “paro de país” convocado el 3 de octubre de 2017 tras la celebración del referéndum. El 3 de noviembre de ese año, este centro criticó las decisiones judiciales sobre el procés.

A juicio de la autora de este análisis, esta posición proactiva de los centros universitarios con el independentismo vulnera los principios constitucionales sobre la libertad, pluralismo político, respeto a la ley y convivencia. Asimismo, la profesora Chantal Moll afirma que se violentan preceptos del Estatut de Autonomía, como la convivencia democrática y los valores sociales que contempla el artículo dedicado a la educación, la investigación y la cultura.

Orígenes de la sumisión al nacionalismo

Los orígenes de esa sumisión de la universidad catalana, explica la docente, se remontan a la Ley de Reforma Universitaria de 1983, con la que se adaptó este sistema a la Constitución de 1978. Tras la aprobación de esta norma “se triplica el número de universidades y se transfieren las competencias en materia de educación superior a las comunidades autónomas ( a partir 1996)”, lo que da lugar a “problemas de endogamia y caciquismo”, donde se instaura el “poder omnímodo del Catedrático/Departamento”, explica Moll. Con la ley de Universidades de 2001 se culmina el proceso de transferencia de las competencias a Cataluña, añadiendo otras como la regulación del régimen jurídico y retributivo del profesorado contratado, así como la aprobación de programas de financiación plurianual y evaluación de la calidad.

Dos años después se aprueba la Ley de Universidades de Cataluña, que contempla que “el catalán es la lengua propia de las universidades de Cataluña y, por lo tanto, es la lengua de uso normal en sus actividades”.

Soluciones

Entre las propuestas para evitar la sumisión al poder político nacionalista, destaca Moll la necesidad de modificar las leyes españolas y catalanas para que conste expresamente el deber de neutralidad política de las universidades como corporaciones públicas y poder garantizar así los derechos y libertades de los docentes, alumnos y PAS. También aboga por permitir que el profesorado contratado que depende de las comunidades autónomas pueda evaluarse por sistemas nacionales de acreditación, así como fomentar políticas de movilidad estudiantil dentro de España y el Espacio Europeo de Educación Superior.

Tal como publicó Crónica Global, Universitaris per la Convivència publicó un manifiesto en el que defiende “el principio de neutralidad de las Administraciones públicas y el derecho fundamental a la libertad ideológica de profesores, alumnos y personal de administración y servicios, absteniéndose de promover o realizar comunicados de carácter partidista y de permitir que se impongan en las instalaciones universitarias símbolos ideológicos con carácter excluyente”.

Esta asociación prepara un documento, que hará llegar a los grupos parlamentarios, con una serie de medidas para evitar la politización de las universidades catalanas.