“La autoridad de protección de datos debería actuar ya”. Así se contundente se expresa en declaraciones a Crónica Global Ernesto Abelló, presidente de la Asociación Profesional de Consultores en Protección de Datos (APCPD). Lo hace en referencia a la “república digital” que planea el Gobierno catalán, que incluye un tráfico de datos personales contrario a las leyes. Este experto analiza la web del Consejo por la República, una pasarela de pago con la que se pretende recaudar fondos para Carles Puigdemont, así como el pretendido trasvase de datos personales de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y la "identidad digital" catalana.
El Consejo de la República ha abierto una web alojada en un servidor de Estados Unidos, nationbuilder.com. Sin embargo, Abelló explica que “cualquier tratamiento de datos de ciudadanos europeos tanto si se realiza desde la Unión Europea, como si se hace desde un tercer país no miembro, está sujeto al cumplimiento de la legislación europea”.
Se requiere del consentimiento expreso
Se refiere al artículo 4 de la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico establece que “a los prestadores establecidos en países que no sean miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, les será de aplicación” lo dispuesto en esta norma. Asimismo, los prestadores que dirijan sus servicios específicamente al territorio español “quedarán sujetos, además, a las obligaciones previstas en esta ley, siempre que ello no contravenga lo establecido en tratados o convenios internacionales que sean aplicables”.
“Dicho esto --añade el consultor-- al tratarse de datos que definen, por las circunstancia y fines a los que se destinarán, ideología política, requieren del consentimiento expreso de los interesados”. Según Ernesto Abelló, “cuando estos se inscriben en la web se les debe informar de esta circunstancia y deberán prestar su consentimiento”.
La presión a ANC y Òmnium
El artículo 9 del reglamento europeo 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas indica que “quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical”. La excepción a esa prohibición pasa por que el interesado “dé su consentimiento explícito para el tratamiento de dichos datos personales”.
Respecto a la posibilidad de que la ANC u otras organizaciones cedan a Puigdemont su base de datos para engrosar el registro ciudadano del Consejo por la República “solo sería posible si los interesados hubiesen sido informados de tal extremo y aceptado expresamente esta posibilidad”. En caso contrario “estas organizaciones debería comunicarse con su bases de datos solicitándoles autorización expresa para tal cesión de datos. No pueden cederlas alegremente”.
Puigdemont y Otegi, durante su encuentro en Waterloo / @ArnaldoOtegi
Puigdemont y Otegi, durante su encuentro en Waterloo
La idea de Puigdemont es utilizar las direcciones de email de la ANC para reclutar “voluntarios”, esto es, simpatizantes del independentismo que paguen 10 euros por inscribirse. Òmnium Cultural ya ha comunicado al expresidente huido a Waterloo que no cederá su base de datos.
"La autoridad de protección de datos debería actuar ya"
El presidente de APCPD asegura que “lo que mas me sorprende es que ni la autoridad catalana de protección de datos ni la española estén tomando cartas en el asunto. Independientemente del uso recaudatorio, político o el que sea para lo que los recojan y traten, los datos personales son propiedad de su titular y solo este puede decidir el uso que se hace de los mismos”. Por lo tanto, según Abelló, “se está incurriendo en muchas presuntas ilegalidades en su tratamiento, tanto por el lugar donde los almacenan y cómo los recogen hasta cómo los custodian. La autoridad de protección de datos debería actuar ya”. Y recuerda que ésta “puede sancionar, bloquear las bases de datos si estima que el riesgo o vulneración de derechos así lo justifica”.
Crear un “Estado digital en forma de república” es el proyecto estrella del consejero de Políticas Digitales de la Generalitat, Jordi Puigneró. Una idea que era embrionaria cuando el convergente ostentaba el cargo de secretario de Telecomunicaciones, Ciberseguridad y Sociedad digital y que está incluido en el programa electoral de Junts per Catalunya.
Puigneró tuvo problemas con la Justicia sobre el uso datos personales durante el procés, pero insiste en la necesidad de crear “una identidad digital catalana” que sirva para hacer transacciones o incluso votar. En este sentido, convocar un referéndum digital, validado por la comunidad internacional, es una de las vías que el independentismo plantea para ejercer la autodeterminación.
La “identidad digital catalana” es término lo suficientemente ambiguo para que el Govern soslaye la responsabilidad delictiva, pero Abelló es muy claro: “Es inconstitucional crear un DNI en una comunidad autónoma, ya que solo los estados pueden crearlo”.