El Govern vuelve con el DNI catalán: ¿farol o listas negras?

Un Estado digital en forma de república. Este es el objetivo del consejero de Políticas Digitales de la Generalitat, Jordi Puigneró. Ya lo era cuando ostentaba el cargo de secretario de Telecomunicaciones, Ciberseguridad y Sociedad digital. Y está incluido en el programa electoral de Junts per Catalunya.

A pesar de los problemas que Puigneró ha tenido con la Justicia respecto al uso datos personales durante el procés, el consejero insiste en la necesidad de crear una identidad digital catalana, en forma de DNI o de app. Expertos en Protección de Datos y en Derecho Penal consultados por Crónica Global se han llevado la mano a la cabeza. Creen que ese proyecto puede ser un nuevo farol del independentismo, pero temen que el uso de esos datos, aunque sean cedidos de forma voluntaria, sirva para crear una lista de buenos y malos catalanes.

En el lado de los malos, los que no presten su datos; los no adeptos al régimen.

La investigación del CTTI

Puigneró, que presidió el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat), considerado el embrión del futuro CNI catalán, fue detenido por la Guardia Civil por su implicación en el referéndum del 1-O. El pasado jueves, Puigneró anunciaba la suspensión de la auditoría encargada por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro sobre al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Informació (CTTI) durante la aplicación del artículo 155. El CTTI ha sido objeto de varios registros policiales. El último tuvo lugar el 12 de junio, cuando los agentes entraron en la sede de este centro para recoger información sobre el censo electoral del 1-O.

Ernesto Abelló, presidente de la Asociación Profesional de Consultores en Protección de Datos, advierte en declaraciones a Crónica Global que “es inconstitucional crear un DNI en una comunidad autónoma, ya que solo los estados pueden crearlo”. Aunque bromea respecto al hecho de que “ya existe un documento catalán que se vende por 8 euros en la web DNI.cat, patrocinada por varias entidades independentistas, entre ellas la Assemblea Nacional Catalana (AMI), Plataforma per la Llengua y Òmnium.

¿Una broma? De momento sí

Aseguran que ya han sido expedidos 3.266 documentos y que, de cada compra, se destina un euro a la denominada caja de solidaridad, habilitada para pagar las fianzas y demás gastos de los procesos judiciales abiertos contra políticos secesionistas.

“Protección de Datos exige el consentimiento del usuario y en esta página se informa del uso que se dará a los datos. Otra cosa es que ese DNI tenga validez jurídica o se la dé en un futuro. Entonces ya no será una broma”, afirma Abelló.

Este experto considera que esta iniciativa es, de momento, “alegal” y avisa de que pueda encubrir un listado de “buenos y malos catalanes” o que se le pueda dar otros usos. Recuerda, en este sentido, el intento de utilizar la tarjeta sanitaria de los catalanes como censo para organizar el referéndum del 1-O, lo que fue objeto de investigación por parte de la Guardia Civil.

Datos que no están protegidos

La exjuez y abogada penalista María Jesús Hernández-Elvira desmonta el proyecto del consejero de Políticas Digitales. “Al margen de discrepancias políticas, es cierto que en el siglo XXI se debe avanzar hacia una sociedad digital, pero ello conlleva un coste, que teniendo en cuenta cómo se encuentra el déficit en Cataluña, por el momento, es difícil de digerir”, afirma.

La letrada considera que las apelaciones de Puigneró al big data y a la entrega voluntaria de datos no garantiza la protección de datos ni la prevención de ciberdelitos. Recuerda, en este sentido, “el énfasis que se da al logro del 1-O y al censo universal, que poco o nada garantizan ni los datos ni la realidad de los mismos. Recordemos aquel video de youtube en el que un chaval introduce los datos de una persona que habría nacido en mil ochocientos y pico”.

Robo de datos

Pero lo que más escandaliza a la jurista es que “pretenden con absoluta desfachatez, espiarnos”. Se refiere a las declaraciones que el consejero ha hecho a varios medios digitales, en las que afirma que es la ciudadanía la que, a través de internet, se presta a ceder “información y datos” para “favorecer la movilidad en su conjunto. Eso mismo se puede hacer en el ámbito de la cobertura de telefonía móvil. Y lo hemos hecho. Quien induce todas estas mejoras son los ciudadanos, con su aportación de datos de forma anónima y anonimizada”.

Según Hernández-Elvira, “no es de forma anónima como se consiguen, sino de forma involuntaria y sin autorización. Se roban datos al fin y al cabo y lo dicen con absoluta normalidad”.

Todavía resuena el eco de la polémica protagonizada por el exsenador de ERC, Santi Vidal, quien aseguró que el Govern ya tenía en su poder datos personales de los catalanes obtenidos de forma ilegal.