El Supremo defiende de nuevo ante Alemania los delitos de rebelión y malversación

La estrategia del Tribunal Supremo es clara. No renunciará a la euroorden que cursó ante la justicia alemana, para extraditar a Carles Puigdemont, por los delitos de rebelión y malversación. Así lo indica en los nuevos informes que tiene previsto enviar al Tribunal Superior de Schleswig-Holstein, tras la petición que recibió la justicia española sobre información complementaria.

El argumento del Supremo es que no se trata sólo de la organización del referéndum para justificar el delito de rebelión, sino de todo el proceso soberanista, cuando se fueron desobedeciendo distintas resoluciones del Tribunal Constitucional.

Un conjunto de hechos

Sin embargo, los hechos en los que incide con especial atención hacen referencia a las concentraciones ante el departamento de Economía, del día 20 de septiembre de 2017, y al propio referéndum, del 1 de octubre. Y también lo que sucedió en el pleno del 6 y 7 de septiembre de 2017, cuando la cámara parlamentaria aprobó la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica, que anulaba la Constitución y el Estatut.

Así se recoge en esos nuevos informes, que apoyan el auto de procesamiento que encargó el juez Pablo Llarena el pasado 23 de marzo.

Lo mismo ocurre con el delito de malversación. Lo que el Supremo señala es que para que se pueda tomar en cuenta ese delito no necesariamente se debe haber producido un desembolso, sino que es suficiente el compromiso adquirido con una empresa o entidad que vaya a ofrecer un determinado servicio, según ha publicado La Vanguardia.

Los gastos del Diplocat

Ese delito de malversación, que ha provocado un enfrentamiento entre el Ministerio de Hacienda, que dirige el ministro Cristóbal Montoro, y el poder judicial, y dentro del seno del propio Ejecutivo de Mariano Rajoy, se considera que se produjo en los gastos del Diplocat, sobre las invitaciones a observadores internacionales, y en las campañas publicitarias del referéndum y en la compra de sobres para las papeletas.

Esta vez el Tribunal Supremo considera que la justicia alemana no debe entrar en si existe un delito exactamente igual en Alemania, sino en si penalizaría o no esos hechos y comportamientos.