El Gobierno quiere desactivar el referéndum por medio de los ayuntamientos

El Gobierno tildó de “iniciativa fracasada” el acto de alcaldes independentistas dispuestos a desobedecer para celebrar el referéndum del 1-O. Ahora, desliza que quiere desactivar la consulta precisamente por medio de los ayuntamientos.

Los ayuntamientos prorreferéndum representan el 80% de los municipios catalanes, pero concentran poco más del 40% de la población. El Gobierno sabe que, sin la ayuda de los ayuntamientos, la consulta ilegal anunciada por el presidente catalán, Carles Puigdemont, para el 1 de octubre, será misión imposible.

La publicidad de la consulta

El Gobierno central estudia cómo frenar la ayuda de estos ayuntamientos si se ofrecen a ser la alternativa al procedimiento electoral habitual, especialmente si abren locales para votar. Pero, como hasta ahora, el Ejecutivo no moverá ficha hasta que los dirigentes catalanes pasen de la palabrería a los hechos, como la publicidad del referéndum con los lugares de votación.

En algún momento, según fuentes del Gobierno consultadas por Europa Press, se tendrá que dar publicidad a alguna forma de censo y anunciar los lugares de votación.

Las mesas electorales

Los ayuntamientos, además y según el papel que les otorga la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, también han de comunicar a la Junta Electoral, en los siete días siguientes a la convocatoria, los espacios disponibles para la publicidad exterior; y en los diez días siguientes, de qué locales y lugares se ponen a disposición para realizar actos de campaña.

También son los encargados de la formación de las mesas electorales, bajo la supervisión de la Junta Electoral de cada zona, y tienen que hacer un sorteo público entre los 25 días y 29 días posteriores a la convocatoria, en el que designa a los presidentes y a los dos vocales de cada mesa, así como a los suplentes.

El censo

El primer escalón es la elaboración de un censo, responsabilidad de la Oficina del Censo, dependiente del Instituto Nacional de Estadística y que ejerce sus competencias bajo la dirección de la Junta Electoral Central.

Por otra parte, de la importancia del papel municipal en unas elecciones da muestra también que la ley señala a los secretarios de los ayuntamientos como “delegados” de las Juntas Electorales de Zona y actúan bajo la “estricta dependencia” de las mismas.

La legalidad internacional

Cataluña hoy carece de ley electoral propia que adapte la legislación estatal, y tiene anulada la ley de consultas por el Tribunal Constitucional. El martes se anunciará una ley del referéndum en el Parlamento catalán, pactada por JxSí y la CUP, separada de la ley de transitoriedad jurídica. El Govern buscará convocar la consulta amparándose en la legalidad internacional.

Cabe recordar que Puigdemont ha reiterado que habrá que dotarse de las mismas reglas de juego de unas elecciones convencionales para evitar que cualquier modificación pueda ser interpretada como una manipulación en el ámbito internacional. Para ello, habrá que utilizar un censo lo más parecido al utilizado hasta entonces.