Terremoto político en Cataluña por las amenazas de Lluís Llach a los funcionarios

C's, PSC y PPC han exigido este martes al Govern que aclare si prevé sancionar a los funcionarios que incumplan la ley de transitoriedad jurídica una vez se apruebe en el Parlament, tal y como ha afirmado el diputado de JxSí Lluís Llach en diversas conferencias realizadas durante los últimos tres meses.

"Parece que Llach ha vuelto a los escenarios. Se ha marcado un nuevo Santi Vidal. Entre tanta mentira se le ha escapado a Llach una verdad", ha destacado en rueda de prensa el portavoz de C's en el Parlament, Carlos Carrizosa.

Por ello, ha instado al Govern a aclarar públicamente si respalda las declaraciones del diputado de JxSí, y en consecuencia a desautorizarlo si es necesario.

"La revuelta de las sonrisas"

La portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, ha acusado al Govern y JxSí de "amenazar a los funcionarios si no cumplen una ley que aún no se conoce", y ha emplazado a Llach a ayudar a este colectivo a recuperar sus derechos laborales que, a su juicio, han sido recortados por el Ejecutivo catalán.

"La revuelta de las sonrisas está cambiando de gesto", ha sostenido Granados, que cree que los miembros de JxSí y del Govern deberían tener cuidado en sus afirmaciones.

"Delincan ustedes"

Desde el PPC, la portavoz adjunta, Esperanza García, ha lamentado las declaraciones de Llach, ha asegurado que harán lo posible para proteger a los funcionarios y ha exigido al Gobierno autonómico que deje que trabajen con paz y tranquilidad: "Delincan ustedes si son valientes, pero no fuercen a los funcionarios".

En su opinión, es cínico que el independentismo político dé "lecciones de calidad democrática saltándose las leyes y luego exija a los catalanes, en especial a los funcionarios, que son los más vulnerables, que cumplan con las leyes que quieran que se cumplan".

"Las leyes se deben cumplir"

Sin embargo, para el portavoz de JxSí en el Parlament, Roger Torrent, las palabras de Llach son una obviedad porque evidencian que "las leyes generan unos derechos y deberes que se deben cumplir", aunque ha quitado responsabilidad a los funcionarios y ha asegurado que la responsabilidad política es de los independentistas.

Tras negar que puedan haber dos legalidades antes del referéndum, ha dejado claro que los funcionarios "tendrán que aplicar una única legalidad", la que establezca el marco legal que se construya una vez gane el sí.

La Generalitat protege a los funcionarios

La portavoz de la Generalitat, Neus Munté, ha evitado valorar las palabras de Llach, y se ha limitado a afirmar que el Gobierno catalán garantiza la "protección jurídica de los funcionarios" durante el proceso llamado soberanista.

Munté no ha aclarado si contemplan estas sanciones, alegando que ella forma parte del Govern y no del Parlament; ha prometido que las leyes de desconexión supondrán pasar de una legalidad española a una catalana sin vacíos legales, y ha añadido: "Las leyes nos obligan a todos".