Se atribuye a Napoleón esta frase: "Cuando no quiero hacer algo, creo una comisión". Pueden hacerla suya Rajoy y buena parte de los partidos que, a partir de mañana harán desfilar a un centenar de sabios durante medio año por la Comisión recién inaugurada en el Congreso.
Los expertos auguran un nuevo fracaso al viejo intento de un pacto de Estado educativo. El objetivo es sustituir con una norma de consenso a la Lomce, la última de las ocho leyes promulgadas desde el inicio de la democracia.
La designación de los comparecientes es el primer escollo. Hay acuerdo en que los 20 primeros sean representantes de los profesores, padres, alumnos y patronal que forman parte del Consejo Escolar del Estado. Los antagonismos y las discrepancias vendrán con la cita de los sindicatos y las asociaciones de estudiantes. Puede que hasta coincida con la huelga a nivel nacional convocada para el próximo 9 de marzo contra la Lomce.
La sombra de Wert
La polémica ley, que el PP mantiene vigente con algunas suavizaciones, ha despertado hasta el fantasma de su impulsor, José Ignacio Wert. El portavoz de Unidos Podemos, Javier Sánchez, ha pedido que venga a explicar no sólo la norma sino también los recortes, cifrados en 7.000 millones de euros y 39.000 profesores. Como era de esperar, la popular Sandra Moneo, que preside la comisión, se ha apresurado a decir que "de ninguna manera".
Entre los doctos que presentarán los partidos, figura Ángel Gabilondo. El exministro socialista, que fue promotor del fallido pacto en el 2010, tras las calabazas a última hora de la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, poco rodada en el cargo. Tuvieron numerosas reuniones, siempre a puerta cerrada, tras las que se limitaban a contar que se había producido un "acercamiento de posturas". Pero la cercanía de unas elecciones y las ganas de tumbar al ejecutivo de Rodríguez Zapatero, pudieron más que la educación. Un precedente fallido que también planea sobre la comisión actual.
Escollo episcopal
La Conferencia Episcopal se ha pronunciado antes de que nadie se haya sentado en la mesa. Su portavoz, Gil Tamayo, ha dejado claro que la religión seguirá siendo el principal escollo para el pacto. Defiende que la asignatura deber ser fundamental, evaluable y computable a todos los efectos. PSOE, Ciudadanos e incluso una parte de PP se oponen a lo segundo. Pero Podemos no cejará en que la religión "salga del horario escolar y deje de restar horas a otras materias de raíz científica o humanística". Otro punto de discrepancia es el estatus de los 25.000 profesores de la materia, personal docente no público (sin oposiciones), elegido por cada obispo, pero pagado por las administraciones.
Si es difícil que la Iglesia se conforme con perder presencia en los currículos, tanto más lo será que los nacionalistas de País Vasco o Navarra renuncien al control que tienen sus escuelas sobre la lengua, la historia y la geografía. El Gobierno central supervisó los textos de estas materias hasta 1996. Pero el requisito fue eliminado y la competencia cedida tras el Pacto del Majestic, donde Aznar convino con el nacionalismo catalán cuestiones para ser investido presidente a cambio de lo que Pujol le apoyase.
'Asuntos cuña'
Otro gran obstáculo será que los colegios concertados, en su mayoría religiosos, acepten un cambio de las subvenciones e incluso de estatus, como la separación por sexos que todavía mantienen algunos. Son asuntos cuña, que "usan el debate político para romperlo en dos”, como ha advertido Luis Garicano, gurú económico de Ciudadanos. Su portavoz, Marta Martín, ha prometido que intentará limar los numerosos puntos de fricción.
Junto a un buen programa y diseño curricular y unos presupuestos suficientes, el reto menos discutido y más necesario de la reforma es contar con profesores bien formados y pagados. Ninguno de los 18 ministros desde 1979 ha sido capaz de crear una verdadera carrera docente. Como en Finlandia, el ejemplo a seguir por PISA y otras evaluaciones internacionales.
Docentes con simple aprobado
Alfredo Pérez Rubalcaba, también exministro y posible compareciente, defiende copiar el modelo de formación sanitaria de los MIR, alabado en todo el mundo.Para irse aproximando, Rigau propuso en Cataluña subir a 8 la nota de acceso a la carrera de magisterio y en lengua castellana y literatura. La oposición de la universidad, de los docentes y de los rectores le hicieron mantenerla en un 5 para la selectividad y 4 para esas materias. "Si solo eso es tan complicado, estamos muy lejos de conseguir lo que queremos", lamentó la catedrática de Filosofía Victoria Camps en un reciente coloquio de la Fundación Santillana.