El Govern ve "muy necesario" que los funcionarios pidan librar para apoyar a Mas

La consejera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda de la Generalitat, Meritxell Borràs, ha afirmado este martes que vería "normal y muy necesario" que los funcionarios catalanes pidan fiesta el 6 de febrero para apoyar al expresidente de la Generalitat Artur Mas y a las exconsejeros Joana Ortega e Irene Rigau antes del juicio por la organización del proceso participativo del 9N.

En una entrevista en el diari Ara, Borràs ha asegurado que "lo que tiene volumen y fuerza es la voluntad de la gente", al preguntársele sobre el posible choque de trenes entre el Gobierno central y la Generalitat por la eventual convocatoria de un referéndum de independencia.

Concentraciones independentistas

"Hemos demostrado que hay millones de personas al lado de este proceso", ha destacado en referencia a las manifestaciones independentistas, y ha recordado que las encuestas cifran en un 80% el apoyo a la opción del referéndum para decidir el futuro político de Cataluña.

La llamada a la movilización ante las puertas del tribunal donde se juzgue a Mas, Ortega y Rigau y la petición de que los trabajadores con obligaciones laborales pidieran el día libre para concentrarse surgió de las entidades soberanistas (ANC, Òmnium Culltural, AMI y AMC) la pasada semana durante la presentación de la movilización.

Mas, Ortega y Rigau serán juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) desde el 6 de febrero hasta el día 10, acusados de presuntos delitos de prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional (TC).

Presupuestos y referéndum

Borràs ha explicado que vería positivamente la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat porque incluyen una partida para la celebración del referéndum y hay un compromiso con la ciudadanía y, a su juicio, un 'no' de la CUP a las cuentas sería un "fracaso".

Ha añadido que el Govern seguirá insistiendo en pactar un referéndum con el Gobierno central y ha comentado que la Generalitat está trabajando para dar "seguridad jurídica" a los funcionarios y para utilizar el voto electrónico en una eventual consulta sobre la independencia.