"El federalismo permite que el ciudadano pague en proporción a los servicios que recibe"

El abogado y catedrático de Derecho Tributario Joan-Francesc Pont cree que la Constitución española no ha agotado sus potencialidades y que la transferencia de competencias educativas a las comunidades autónomas ha tenido "resultados nefastos". Federalista y masón, Pont lamenta que se haya extendido la idea de que "solo los tontos pagan impuestos".

-Tiempos convulsos para la política española ¿prevé unas terceras elecciones?

-No las descarto, lo cual lo valoro como un gran fracaso de la política española por la incapacidad de formar un gobierno de coalición. La sociedad española se ha expresado mediante un voto que supone un cambio. Siguen existiendo dos grandes partidos, pero afloran otros nuevos.

-¿Falta de tradición o es que los políticos no están a la altura?

-La falta de tradición hace mucho, pero a poco que se sea conocedor del entorno europeo, se verá que la cultura de coalición existe en la mayoría de países. La coalición es el resultado del sacrificio parcial de un programa electoral y de nuestras expectativas. Esto es lo que parece que no estamos haciendo. No aportamos ideas nuevas a un diálogo para avanzar ni parece que seamos suficientemente leales con los virtuales socios. Las líneas rojas son la excusa para hacer un cruce de negativas. La política es el arte de aproximar posiciones. El acuerdo no procede de una idea genial, sino de la predisposición de las partes.

-Por ejemplo, la reforma laboral del PP o la reforma constitucional se han convertido en grandes escollos.

-Es imprescindible llegar a un consenso sobre la reforma laboral porque es la columna vertebral de una sociedad, la producción y distribución de la riqueza. El consenso no se alcanzará entre los nostálgicos de lo que fue y quienes desearían destruir todo lo que tenemos. Pero hay multitud de puntos intermedios. Respecto a la Constitución, enzarzarse en la discusión respecto a cómo debe reformarse, es un espejismo. Modificar los grandes principios es muy difícil. La Constitución que tenemos no es la de 1978, es el punto maduro de 200 años de constitucionalismo. Las constituciones españolas han ido mejorando, pero conservando las cosas buenas que había en las anteriores. Por tanto, la futura Carta Magna tiene que ser una evolución de las anteriores. Pretender que sea una ruptura es un error. Las constituciones no se cocinan, solo se cocinaron la japonesa y la alemana, y lo hicieron los americanos, que la impusieron a los vencidos.

-¿En qué es mejorable?

-Antes de plantear una reforma, debemos ser capaces de valorar lo bueno que tenemos. La Carta de Derecho y Libertades es inmejorable. O los objetivos de la política social. ¿Lo hemos cumplido? No nos hemos acabado la Constitución, estamos en el principio de su potencialidad. No establece un sistema autonómico cerrado, por lo que otros sistemas son posibles. Y en mi opinión, hemos transferido competencias a las autonomías que no debieron transferirse y no hemos transferido capacidades plenas en otros temas que hubieran solucionado satisfactoriamente algunos problemas.

-¿Por ejemplo?

-Por ejemplo, el sistema de carreteras de Navarra es el mejor porque lo gestiona la Diputación foral de Navarra, y ahora tenemos un sistema de carreteras que cada diez kilómetros cambia. Y se nota porque el firma cambia. Cada comunidad podría tener un sistema propio, sería más eficiente, sobre todo si somos capaces de coordinarlo. Hemos ido demasiado lejos en una desarmonización total del sistema educativo, que debería converger en el sistema europeo, el Estado español no debió perder la hegemonía en educación, porque el exceso de transferencias ha tenido en algunos casos resultados nefastos.

-Pero cuando se habla de reforma constitucional siempre se piensa en el encaje de Cataluña en España, los derechos forales o el nuevo sistema de financiación.

-Cuando se habla de los derechos forales, se olvida su excepcionalidad. La Constitución recoge la objeción de navarros y vascos al sistema general español. Tienen 200 años de historia y tres guerras carlistas. En mi opinión no es imprescindible alterar esa excepcionalidad, pero sería un contrasentido generalizar la excepción. Porque el pacto de convivencia se basa en ocasiones en la excepción. Pero para el resto, no se necesita modificar la Constitución para generar sistemas más eficientes, basta con reformar la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de la Comunidades Autónomas). Y partir de la base de que no se pueden dar más competencias a las autonomías, mientras el Estado mantiene las mismas. Si se va al modelo de descentralización total, como el suizo, el Estado federal debe disminuir. Si se va a otro gobierno intermedio, se debe ponderar qué tiene un nivel y otro. Pero lo que no se puede hacer es que ambos niveles crezcan.

-Hay quien piensa que España ya es federal. O que tiene un federalismo asimétrico…

-La Constitución en sí misma no es federal, ni regional, pero permite que uno de sus desarrollos sea federal. Y ello nos permitiría sustituir los enfrentamientos entre las comunidades y el Estado por mecanismos de colaboración. Ello podría pasar por la reforma del Senado o por una especialización del mismo.

-¿Cómo se puede mejorar el sistema de financiación?

-El sistema tributario de 1978 corresponde a un sistema unitario, pero adaptado a un estado autonómico. Y por eso ha funcionado muy mal. Hay que pensar un nuevo sistema tributario, adecuado a la existencia de subsistemas autonómicos. El ciudadano tiene derecho a saber a quién paga sus impuestos y que lo que paga se corresponda con lo que está recibiendo, porque entonces el sistema democrático funcionará en su plenitud. Ahora no se sabe a quién se pagan impuestos. En el federalismo, cada gobierno exige al ciudadano que pague en proporción a los servicios que recibe. Y en ese marco, existen obviamente mecanismos de solidaridad. Pero actualmente se está gastando sin coordinación, hemos construido piscinas en tantos sitios que casi podemos ir nadando de un lugar a otro. Evitar esa irracionalidad del gasto pasa por el cumplimiento del presupuesto y el control del tribunal de cuentas. Todo ello es tremendamente importante para que el ciudadano sepa para qué y por qué paga impuestos. Lo contrario genera desafección ciudadana.

-¿Más competencias entonces para el Tribunal de Cuentas o jueces con más recursos?

-Creo mucho más en la convicción que en la represión. Lo que tiene que haber es una educación de los funcionarios y de los ciudadanos. Eso tiene que empezar en la escuela.

-Puede parecer utópico para quien cree que el carácter latino no tiene nada que ver con el nórdico.

-Los latinos nos hemos recreado en el mito de nuestra indisciplina para seguir haciendo lo que queremos. Podemos ser tan eficientes y cumplidores como el resto de la UE. El clima no es la excusa, incluso podríamos decir que el frío que hace en el norte es una excusa para la transgresión y que el calor que nos facilita salir y ser feliz nos permitiría cumplir con las normas. Lo que está haciendo más daño al cumplimiento de las normas es la corrupción. Pero también es necesario un sistema judicial que tutele el cumplimiento de las leyes. El afloramiento de cada vez más casos de corrupción es la constatación de un fracaso. Nos debemos centrar en cómo cada vez más gente puede cumplir las leyes. Descubrir que el vecino de arriba no paga impuestos desde hace diez años genera decepción y la tentación inmediata de hacer lo mismo.

-Falló aquel eslogan tan bueno de “Hacienda somos todos”.

-Cuando quienes elaboran las normas las incumplen, provocan un efecto devastador. Pero debemos aprender todos. Se extiende la idea de que solo los tontos pagan impuestos. Todo ello conduce al desgobierno y nos inventamos un bálsamo de fierabrás. Si seguimos derrochando, no hay reforma que lo solucione. A quienes defienden una Cataluña independiente les diré que todavía no se ha demostrado que cualquier asignación tributaria genere un efecto balsámico, lo que lo genera es la buena administración. Primero gestionemos bien, luego ya emprenderemos reformas, pero no desde los enfrentamientos, los egoísmos o una pretendida superioridad sobre el otro.

-Cuando habla de superioridad ¿se refiere a determinados discursos independentistas?

-Me refiero a determinados discursos de políticos catalanes, pero también a determinadas respuestas. Hay un enfrentamiento entre superioridades que da más vergüenza que otra cosa. En la historia nunca se ha demostrado que unos sean mejores que otros, estamos rodeados de gente que ha dado la vida por los demás y la universidad es un ejemplo de ello. Me da ganas de salir corriendo la proclamación de algunos que creen que tienen la solución para todo.

-¿Qué ocurrirá en Cataluña?

-Este enfrentamiento se basa en un cúmulo de malentendidos hábilmente explotados. Y en la existencia de dos partes demasiado interesadas en avivar el conflicto. Hasta que no haya interlocutores capaces e interesados en negociar, no habrá un acuerdo. Cuando alguien anuncia que tiene una propuesta que lo va a solucionar todo y se lo cuenta al otro al cabo de una semana, ni es propuesta ni es nada. Solo es un escalón más en avivar el conflicto. La política tiene una parte para los focos y otra para la mesa, pero nos hemos dedicado demasiado a los focos y a enfatizar qué guapos somos.

-¿Qué opina de la propuesta de un referéndum unilateral?

-Como jurista, el referéndum de secesión creo que está excluido. Aunque una reforma de la Constitución podría incluirlo. Como ciudadano, creo que quizás se debería consultar a los ciudadanos, pero ni creo que sea el momento porque las sensibilidades están a flor de piel, ni creo que el momento vaya a ser dentro de dos o tres años, porque hemos empeorado mucho en enfrentamiento. Cualquier referéndum es una solución excepcional a un problema en el que es mejor oír a los ciudadanos que a los partidos. En Italia se hizo un referéndum sobre el divorcio. Pero hay grandes cuestiones de tutela de los derechos humanos que no deben pasar por un referéndum. Si hoy sometiéramos la pena de muerte a un referéndum resultaría aprobada y sería un retroceso. Por eso, los ciudadanos deben decidir dentro de los cauces legales establecidos porque generan límites a los grandes errores que se cometen guiados por una emoción intensísima, que puede ser el odio al extranjero o la segregación entre quienes siguen una bandera u otra. Salvo que haya un pacto en igualdad de condiciones y se fijen unas reglas de juego.

-Usted es masón y federalista, lo cual le convierte en una 'rara avis' en Cataluña.

-He vivido varias épocas sobre la imagen de la masonería en España. Cuando era bachiller, durante el franquismo, o no se hablaba o se hablaba mal. La inquina con la que el régimen combatía la masonería me despertaba interés. En 1984, cuando yo ingresé en la masonería, era algo absolutamente marginal, mis primeros pasos eran prácticamente clandestinos. Cuando el ministro Rodolfo Martín Villa recibe una delegación de masones y llama a Adolfo Suárez para preguntarle “¿qué hago?”, el presidente le contesta: “Legalizarlos”. El consejo de ministros votó en contra, pero la Audiencia Nacional revocó esa negativa. En el siglo XXI, el principio de laicidad y la autonomía moral sitúan a la masonería en un punto más comprensible. La definiría como un lugar para el pensamiento libre, pero con unos rituales.