El Govern no sabe cómo blindar a sus funcionarios en el proceso independentista

“Los funcionarios pueden estar tranquilos, el Govern no va a cometer ninguna ilegalidad”, aseguró la consejera de Gobernación de la Generalitat, Meritxell Borràs, quien no aclaró como se blindará a los empleados de las consecuencias del proceso independentista catalán. Ocurrió en la Comisión de Gobernación, Administraciones Publicas y Vivienda celebrada en el Parlament el pasado miércoles, sesión que puso de manifiesto uno de los grandes problemas del proyecto secesionista: la falta de protección de sus trabajadores públicos.

Este es un problema que ya surgió en la anterior legislatura, con Artur Mas al frente, y que inquieta a un colectivo funcionarial que se siente maltratado por los recortes salariales y los ajustes de plantilla, y que comienza a elevar su voz contra los riesgos de la hoja de ruta independentista. “O se cambia la ley o no hay nada que hacer, pues la normativa básica que regula a los trabajadores es estatal y afecta a todos por igual”, afirma a Crónica Global una fuente conocedora del sector público catalán.

Estatuto Básico

Se refiere al Estatuto Básico del Empleado Público, en cuyo artículo 53 se advierte de que estos trabajadores “respetarán la Constitución y el resto de las normas que integran el ordenamiento jurídico”. Esta norma tipifica como falta muy grave, es decir, susceptible de despido, “el incumplimiento del deber de respeto a la Constitución española y a los respectivos Estatutos de Autonomía de las comunidades autónomas”.

A esta situación se añade el hecho de que los Mossos d’Esquadra –así lo han manifestado sus mandos– están obligados a cumplir con las órdenes de la Fiscalía y de los juzgados. No hay dudas al respecto.

El “procés” avanza con la finalidad de que, en 18 meses, se hayan construido las estructuras necesarias para crear un Estado propio –la más avanzada es la hacienda catalana–, pero la Generalitat no ofrece señales de que quiera aprobar en breve una norma funcionarial propia que obligue a sus funcionarios a obedecer estrictamente a las leyes catalanas –y no españolas–.

Canalizar las denuncias

El malestar, por tanto, crece entre este los funcionarios, cuyos representantes sindicales se han puesto en contacto con partidos como Ciudadanos, ahora al frente de la oposición, para que intercedan. En paralelo, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha activado un protocolo para que los trabajadores puedan articular sus quejas ante posibles presiones de sus superiores.

Es precisamente ese Estatuto Básico el que ampara esa vía de denuncia, pues los funcionarios deben “obedecer las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes”.

En Cataluña trabajan 300.000 empleados públicos, de los cuales algo más de la mitad son trabajadores autonómicos.