Cataluña, la mejor aliada del Tribunal Constitucional contra el Gobierno del PP

Cataluña se ha convertido de la noche a la mañana en una excelente aliada del Tribunal Constitucional (TC), cuyas resoluciones contra el proceso secesionista le han valido el calificativo de "tribunal politizado" por parte del Gobierno autonómico. Sin embargo, ambas partes han encontrado un punto de confluencia: el rechazo a la reforma exprés de este Alto Tribunal aprobada por el Gobierno del PP. Una reforma que da capacidad sancionadora al TC, que salió adelante solo con los votos de los populares y sin consultar el parecer de los magistrados del TC.

La Generalitat y el Gobierno vasco han presentado sendos recursos contra esa reforma del TC cuya finalidad es otorgar a este órgano judicial la potestad de imponer multas de 3.000 euros a 30.000 euros, o acordar la suspensión de sus funciones de las autoridades o empleados públicos que no cumplan las resoluciones del Alto Tribunal.

Publicada en el BOE el 17 de octubre de 2015, la iniciativa del Gobierno del PP fue interpretada en clave catalana, es decir, como un refuerzo de las medidas coercitivas contra el Gobierno independentista, después de que el ex presidente Artur Mas desobedeciera al TC y convocara la consulta independentista.

Actuar con prudencia

Según han confirmado a Crónica Global fuentes jurídicas, la reforma de la ley causó un "malestar generalizado" en los magistrados del TC, que no fueron consultados por el Ejecutivo del PP. A este hecho se añade la voluntad de estos jueces de actuar con suma prudencia en el caso catalán y no ser objeto de instrumentalización política.

Las mismas fuentes precisan que esas medidas introducidas en la reforma pueden ser utilizadas de oficio o por petición de parte, pero que los magistrados no están obligados a aplicarlas.

La admisión a trámite de los dos recursos de los gobiernos catalán y vasco --que denuncian la extralimitación jurisdiccional que la nueva norma conlleva-- no implica la suspensión de la reforma. El TC tardará meses en resolver esas impugnaciones y, aunque no es posible aventurar un resultado, podría darse la curiosa situación que este tribunal suspendiera su propia reforma gracias a los gobiernos catalán y vasco.

Han pasado cuatro meses desde la entrada en vigor de la ley, pero los magistrados no han aplicado todavía esa reforma. Entre otras cosas, porque nadie se lo ha pedido.