Las contrataciones públicas, fuente principal de la corrupción política

Transparencia Internacional ha advertido este martes de que la mayoría de administraciones públicas de España incumple su obligación legal de publicar los contratos y licitaciones que efectúan en la Plataforma de Contratación Pública (PCSP).

Esta omisión, que compete tanto a la transparencia como a la detección de la corrupción, afecta a tres de cada cuatro ayuntamientos y también se reproduce en instancias superiores como el Congreso de los Diputados y el Senado. Solo tres comunidades autónomas --Cataluña, País Vasco y Castilla La-Mancha-- cumplen con esta obligación.

Caso Acuamed

“Los datos dicen que España no tiene un caso de corrupción sistémica, los servicios públicos no se distribuyen de forma corrupta. Pero sí tenemos un problema de contratación pública poco transparente. El caso de Acuamed lo expresa claramente”, ha sostenido Manuel Villoria, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro del comité ejecutivo de la entidad, durante la presentación del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.

El experto ha matizado que el hecho de que solo en algunas regiones se publique no significa que “exista más corrupción” en las que omiten su publicación, pero sí que afecta al nivel de transparencia de las instituciones. Asimismo, ha añadido que algunas autonomías alegan “razones técnicas” o lo publican en su web institucional, pero no en la plataforma que indica la normativa.

Sobornos empresariales

Desde la organización han instado a “todas las instituciones públicas a cumplir en el menor breve plazo posible esta obligación legal”, y han criticado que incumplirla no tenga consecuencias prácticas.

Los expertos también han puesto en el punto de mira a las empresas a las que se les adjudican contratos públicos. "Hay empresas que continuamente salen pagando sobornos. Empresas que actuan de forma corrupta”. En este sentido, han exigido a la Fiscalía que utilice la responsabilidad criminal para las empresas, una posibilidad que contempla la última reforma penal pero que no se está aplicando.