Una empresa se querella contra el CAC por prevaricación

La empresa Infraestructuras y Gestión 2002 (Ingest) ha interpuesto una querella criminal contra el Consejo Audivisual de Cataluña (CAC) al considerar que el organismo han prevaricado y se ha extralimitado en sus funciones. Todo empezó cuando el CAC quiso multar con 650.000 euros a una empresa dedicada al transporte de señal de televisión por los contenidos que emitía el canal de uno de los clientes que contrató sus servicios. No obstante, al no ser capaces de encontrar a los propietarios de la cadena, decidieron sancionar al intermediario, la empresa Ingest.

Ahora, según informa el digital Vozpópuli, la entidad afectada ha decidido llevar a los tribunales lo que ven como una interfencia inaceptable en un ámbito donde no tiene competencias. Curiosamente, las multas del organismo controlar van dirgidas a una empresa que logró que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) declarara ilegal la adjudicación de 37 licencias por parte del CAC para emitir en TDT a otros tantos ayuntamientos de la comunidad autónoma. La decisión fue recurrida por la propia Generalidad ante el Tribunal Supremo, pero el Alto Tribunal ratificó la sentencia del TSJC.

En la querella la entidad manifiesta que su cometido es el de proveer a las televisiones del servicio de difusión de señal de telecomunicaciones; y que en ningún caso tiene competencias sobre los programas que emiten. Algunos miembros de la empresa van más allá y alegan que “forma parte de una operación de acoso y derribo contra una empresa que, por denunciar actuaciones ilegales de la Generalidad, ha sufrido una persecución en esta región”.

Se querellan contra todos los miembros del CAC

Algunas fuentas jurídicas han dado su testimonio al digital y han afirmado que “ni siquiera está claro que este órgano tenga competencias para multar a compañías que no pertenezcan al sector de los medios de comunicación audiovisuales”. A fecha de hoy, han sido nueve los castigos que el CAC le ha impuesto, por un importe total de 650.000 euros.

Esta situación ha llevado a Ingest a querellarse contra todos los miembros del CAC, al considerar que han cometido nueve delitos de prevaricación administrativa por dictar varias resoluciones contra esta entidad abusando de sus prerrogativas administrativas y a sabiendas de que no tiene responsabilidad alguna en materia audiovisual.

El CAC se dedica a sancionar a los medios no afines a la Generalidad

Esta actuación del CAC no es la única que ha suscitado la polémica. Sin ir más lejos, el pasado noviembre decidió abrir un expediente sancionador a Cadena Ser, Onda Cero y COPE por no emitir las cuñas radiofónicas sobre la consulta del 9N que la Generalidad les había remitido.

Además, estos mensajes fueron prohibidos por el Tribunal Constitucional tan sólo unas horas después de que estas emisoras las recibieran.