La reciente junta de accionistas de Caixabank, ya como entidad resultante de la integración de Bankia en el grupo barcelonés, ha disparado de nuevo un debate antiguo, el de los salarios de los altos cargos y ejecutivos de las grandes compañías. El Estado dispone de un 16% del capital de ese banco, que procede de su participación anterior en la rescatada Bankia. Esa presencia concede determinados derechos al accionista público, pero también le obliga a convivir con el resto de socios privados poseedores de una porción del mayor banco en España. Su presencia, sin embargo, politiza buena parte de la gestión, ya que nadie olvidará que mientras ese 16% forme parte del accionariado el dinero de todos los ciudadanos del país será cómplice de las decisiones empresariales que adopte el gigante bancario.

Al Estado, que apenas había recuperado 3.000 millones de los casi 24.000 que inyectó para la salvación de Bankia, le interesa el nuevo proyecto. Si hay alguna forma de recuperar algo más de aquella inversión, será a través del dividendo que obtenga mientras sea socio y de cómo se revalorice la parte que tiene para obtener la máxima plusvalía en el momento que se decida la venta.

Los bancos públicos se extinguieron en España hace años. De la Caja Postal, el Banco Exterior, el Banco Hipotecario... y otros similares ya no queda nada. Las cajas de ahorros, que eran un híbrido público/privado, también han pasado a mejor vida. Todo lo más es el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que le ha permitido al Gobierno de Pedro Sánchez vehicular los créditos a empresas para atenuar la crisis provocada por la pandemia del Covid. No es un buen banquero el Estado y eso ha quedado demostrado en España y en otros países occidentales. El sector público se ha retirado de la banca y se ha dedicado a regularla y controlarla con mayor o menor éxito durante décadas.

Las especiales circunstancias de Bankia han convertido al Frob en accionista de un banco privado --Caixabank posee la mayor territorialidad y penetración bancaria en el conjunto del país--, lo que resultará un elemento singular mientras suceda. Y, claro, llega una junta de accionistas como la de la semana pasada y políticos y periodistas indocumentados se lanzan a la caza y captura del presidente de la nueva entidad por fijarse un salario de 1,65 millones de euros anuales. Pocos saben que José Ignacio Goirigolzarri ha sido el ejecutivo más generoso de la banca española. Procedente del BBVA, cuando el Gobierno le reclamó para salvar a Bankia, decidió rebajar su retribución a 610.000 euros anuales cuando su perfil profesional podría añadir un cero más al salario en cualquier gran empresa o banco del planeta. El año 2020, por la crisis pandémica, se lo redujo a 500.000 euros. Que una vez ha logrado la integración de las dos entidades pase a los citados 1,65 millones no es ningún escándalo más que en la mente hipócrita de quienes desean obtener una ventaja en su relación con él: el Estado como accionista y los sindicatos del grupo financiero que han iniciado una negociación sobre los recortes que se van a llevar a cabo. Quienes critican la inoportunidad de la decisión deberían responder a estas preguntas: ¿Cuál es el momento idóneo? ¿Les parece correcto que el líder de una organización como Caixabank cobre menos que un lateral derecho del Barça que además chupa banquillo?

Otros banqueros españoles que no tienen al Estado en el capital de sus organizaciones cobran bastante más: Ana Botín, presidenta del Santander, se embolsó 6,82 millones en el año 2020; Carlos Torres Vila, del BBVA, percibió 4,09 millones; Josep Oliu, en el Sabadell, 1,99 millones. Si hay que echarse las manos a la cabeza, habría que fijarse en el salario del presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, que el pasado ejercicio se adjudicó 35,30 millones. O su número dos y vicepresidente, Juan Ignacio Entrecanales, que percibió 19,47 millones de euros. Acciona es una empresa privada, que contrata mucho y no siempre con transparencia (recuerden el caso de las aguas catalanas, la concesión de ATLL) con el sector público, pero nadie les dice ni mu a sus accionistas sobre cuánto quieren pagar a sus primeros ejecutivos.

El representante público en la junta de Caixabank se abstuvo en el consejo de administración que aprobó la retribución de Goiri. Luego, en la junta, votó en contra. Por medio había sucedido que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, aprovechó la campaña de las elecciones madrileñas para hacer populismo barato con el asunto de los salarios del grupo financiero. No parece que sirviera de mucho a su partido.

Caixabank ha anunciado que tras juntarse con Bankia necesita prescindir de unos 8.000 empleados para ser competitiva. O hace eso o algún día el Estado criticón deberá dedicar una suma indecente de miles de millones para evitar su crisis. Mientras esa reconversión se lleva a cabo, en vez de explicar a la plantilla y a la opinión pública la inevitabilidad del asunto, se prefiere jugar al regate corto de la envidia salarial, pecado capital tan español como el himno o la bandera.

Discrepo de quienes defienden las buenas retribuciones en términos de creación de valor para los accionistas, es más sencillo. No se puede pilotar un grupo de ese tamaño y dimensión con ejecutivos más baratos. Si se encuentran en el mercado serán mediocres, estarán tentados de meter la mano en la caja o no tendrán la tranquilidad personal económica que les permita adoptar las mejores decisiones para la entidad en vez de para ellos. Esa es la cruda realidad del hipócrita debate sobre salarios que tiene lugar en España de manera recurrente y vinculado siempre a posiciones de populismo radical. Si los partidos políticos consideran que el tema del salario y la meritocracia debe ponerse encima de la mesa, que empiecen por ellos mismos. Reduzcan a la mitad el número de diputados de todas las cámaras legislativas españolas y doblen la retribución de quienes permanezcan en ellas, haciendo de la política una actividad también atractiva para personas que declinan participar por los infrasalarios que se cobran.

Si alguien cree que los salarios baratos que han percibido en los últimos años Pablo Iglesias, Ada Colau, Quim Torra, Artur Mas... han sido más eficientes para la ciudadanía que otros mayores en el sector privado, es recomendable que procedan a una revisión urgente de su visión corta, esa afección visual que hace borrosos los objetos lejanos.