En la práctica, todo el mundo es ateo, cuando menos respecto a los dioses de otros. En democracia sucede algo parecido. Todos los partidos políticos aseguran creer en la libertad, la igualdad y la fraternidad, porque a ver quién es el valiente que puede sustraerse a los valores ciudadanos de la revolución francesa, pero a la hora de la verdad, esos principios no son aplicables al rival.
El mejor ejemplo de ello es la negativa sistemática y contumaz del gobierno independentista a rendir cuentas sobre su gestión, cargándose así los derechos de la oposición, ninguneada desde aquellos fatídicos y rupturistas días 6 y 7 de septiembre de 2017. Una oposición que no puede ejercer su labor de control del gobierno lo que, de facto, se traduce en una suerte de régimen dictatorial respecto al adversario político.
Lo hemos visto en muchas ocasiones, pero esa negativa a informar sobre la administración del dinero que pagan todos los catalanes, esa opacidad, se ha acentuado durante la pandemia. Poco o nada sabemos de lo que el Govern piensa hacer con los fondos europeos, más allá de pretender gestionar el cien por ciento del dinero que corresponde a Cataluña. El expresidente Quim Torra se sacó de la manga una cifra, 30.000 millones de euros, de naturaleza desconocida. A partir de ahí, solo hemos sabido del uso demagógico que ha hecho el vicepresidente Pere Aragonès sobre el derecho de los catalanes a decidir el futuro de esas ayudas que la UE piensa controlar con mano férrea, por lo que sus diatribas identitarias no sirven para nada.
Tampoco se sabe qué hace el Ejecutivo catalán con los fondos Covid procedentes del Estado, que son más que suficientes, 3.225 millones de euros, que se unen a la ampliación del presupuesto de la Generalitat en 420 millones gracias a la flexibilización del déficit aprobado por el Gobierno español. Cifras nada desdeñables que hemos sabido gracias a los cálculos de la diputada del PSC Alícia Romero, azote del Govern en materia económica, que colisionan con las partidas irrisorias destinadas a ayudar a los autónomos, 20 millones de euros en esta última convocatoria.
La humillación sufrida por pequeños empresarios y emprendedores, obligados a participar en una enloquecida carrera por ser los primeros en acceder a esas ayudas, gestionada a través de una web que no funciona, es motivo más que suficiente de dimisión. Pero en el Govern ha hecho fortuna la consigna de “aguantar como sea hasta las elecciones”, frecuente en las grabaciones de la operación Voloh. Y eso va tanto por ERC como por Junts per Catalunya. En el caso de Esquerra, la decepción es doble, pues Aragonès había logrado vencer el ateísmo del votante no independentista, hasta el punto de creer en ese nuevo credo republicano, centrado en la gestión, como vía de escape del procés.
La auténtica rendición de cuentas del independentismo tendrá lugar, si la pandemia y otros malabarismo políticos de última hora no lo impiden, el 14 de febrero. Cuidado ahí. Diversos factores pueden desmovilizar el voto: la creencia de que ya no hay riesgo de independencia unilateral, el miedo al contagio en una jornada electoral per se concurrida y el hartazgo ante una clase política que ya no respeta los principios democráticos. Ojo con el advenimiento de una nueva religión: el ateísmo político.
