Este jueves se ha viralizado en las redes sociales el vídeo de una enfermera gaditana del Hospital del Vall d’Hebron de Barcelona en el que criticaba la exigencia de un nivel alto de catalán para optar a las oposiciones de enfermería en Cataluña.

A la joven no le parecía razonable que para conseguir una plaza fija tuviera que acreditar “un puto C1 de catalán". Y la expresión le ha valido todo tipo de insultos y de invitaciones a abandonar Cataluña.

Dejando aparte las formas –que pueden ser más o menos criticables–, no le falta razón en el fondo a la enfermera. Y es que resulta sorprendente que se exija el nivel C1 de catalán (el segundo más alto de los cinco niveles actuales) para acceder a la función pública en Cataluña, pero no se requiera acreditar un nivel similar de castellano.

Sería ecuánime hacerlo, pues ambas son igual de oficiales en esta comunidad. Incluso sería más apropiado exigirles el C1 de español a los candidatos que han estudiado en Cataluña, pues con la inmersión lingüística casi todas las asignaturas se imparten en catalán, y es irracional dar por hecho que tengan ese nivel de castellano.

De hecho, en las redacciones de las diversas cabeceras del Grupo de Medios Global podemos atestiguarlo. En los últimos años hemos realizado decenas de procesos de selección de personal, y lo habitual es que la inmensa mayoría de periodistas formados en Cataluña no tengan un nivel correcto de español escrito. Me atrevo a aventurar que muy pocos superarían una prueba de C1 de castellano.

Así, lo razonable sería que la Generalitat exigiese una prueba para acreditar el C1 de español a los estudiantes catalanes, al igual que da por hecho su nivel C1 de catalán por haber estudiado en Cataluña. Mientras que, ya que exige el nivel C1 de catalán a los que han estudiado fuera de Cataluña, debería dar por acreditado el nivel C1 de castellano a los que hayan estudiado en el resto de España (salvo que lo hayan hecho en País Vasco, Galicia, Comunidad Valenciana o Baleares en vasco, gallego, valenciano o mallorquín).

Y algo parecido debería ocurrir en el resto de España. Quien se haya formado en la inmersión en catalán y opte a una plaza pública en Madrid, Andalucía, Aragón o Extremadura debería pasar un examen para acreditar su nivel C1 de castellano. Mientras que, si se ha estudiado mayoritariamente en español, debería darse por acreditado su nivel.

El sistema que se aplica en la actualidad es discriminatorio para quien ha estudiado en castellano en el resto de España, pues considera que quien se ha formado en la inmersión tiene el mismo nivel de español que los primeros. Y eso es, en el fondo, lo que rezuma el polémico vídeo de la enfermera del Vall d’Hebron.

Por otra parte, y por si los insultos recibidos no hubieran sido suficiente, la Generalitat ha abierto un expediente a la empleada, tal y como se ha apresurado a anunciar el propio consejero de Salud, Manel Balcells.

Hombre, resulta curiosa esta celeridad por investigar a la enfermera, pues la consejería no anunció ningún procedimiento similar a médicos y sanitarios por las innumerables performances realizadas en los últimos años en centros públicos y en horario laboral a favor de la independencia y de los presos del procés. Pero parece que esto es lo que hay.