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El PSOE, el bilingüismo escolar y la República

Alejandro Tercero
10 min

Artículo 50 de la Constitución de la II República Española (1931): “Las regiones autónomas podrán organizar la enseñanza en sus lenguas respectivas, de acuerdo con las facultades que se concedan en sus Estatutos. Es obligatorio el estudio de la lengua castellana, y ésta se usará también como instrumento de enseñanza en todos los centros de instrucción primaria y secundaria de las regiones autónomas. El Estado podrá mantener o crear en ellas instituciones docentes de todos los grados en el idioma oficial de la República. El Estado ejercerá la suprema inspección en todo el territorio nacional para asegurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este artículo y en los dos anteriores. El Estado atenderá a la expansión cultural de España estableciendo delegaciones y centros de estudio y enseñanza en el extranjero y preferentemente en los países hispanoamericanos”.

Cada vez que un Gobierno de España constituido por partidos que se vanaglorian de ser “republicanos” da una vuelta de tuerca más a la discriminación lingüística de los catalanes castellanohablantes me viene a la cabeza este texto. Y la semana pasada ha sido una de esas ocasiones.

No es que la Lomce fuera la panacea para restablecer el bilingüismo en las escuelas catalanas --de hecho, el PP, con la ley Wert, se lavó las manos en esta cuestión, como es habitual cuando gobiernan--, pero la decisión de PSOE y Podemos de eliminar toda referencia a la obligatoriedad del español como lengua vehicular escolar --junto al resto de idiomas cooficiales-- es deplorable.

Sobre Podemos no vale la pena gastar ni una sola línea en este asunto porque en su ADN están grabados a fuego los argumentos de los partidos nacionalistas. Sin embargo, la posición de los socialistas es inexplicable.

La secretaria de Educación del PSOE, Luz Martínez Seijo, ha tratado de justificarla en un artículo publicado la semana pasada. Pero ha estado muy desafortunada.

Dice la diputada que “la Constitución no habla de lengua vehicular en la enseñanza” y que “durante 35 años el plurilingüismo del 40% de la población española que vive con lenguas cooficiales no ha sido cuestionado en la escuela”, hasta que llegó la ley Wert. Se equivoca. La Constitución no habla de lengua vehicular en la enseñanza pero varias sentencias del Tribunal Constitucional (entre ellas, una de 1994 y la del Estatut, de 2010, que interpretan la Carta Magna) sí lo hacen. Y dejan claro que ambas lenguas --castellano y catalán-- deben ser vehiculares en proporciones razonables. También hay innumerables sentencias del Tribunal Supremo y del TSJC --sobre todo a partir de 2010-- que sí cuestionan el uso de las lenguas en las escuelas catalanas y que establecen que esa proporción razonable nunca puede ser menor del 25% de las asignaturas o del tiempo lectivo.

Expone Seijo que con la reforma promovida por el Gobierno “la enseñanza de la lengua y literatura española seguirá haciéndose en castellano”. Solo faltaría. Y añade que “aparte de otras materias que, en contextos bilingües, van combinando castellano y lengua cooficial con absoluta normalidad en las aulas”. Me parece que la dirigente socialista desconoce la realidad educativa en Cataluña. Combinar español y catalán en las aulas de esta comunidad es una excepción. Y encontrar alguna escuela pública que imparta un par de asignaturas --simplemente un par-- en castellano es una quimera.

La diputada insiste en que “el debate sobre la vehicularidad es ideológico y no puede solaparse al debate de lo principal: el de la competencia lingüística plena en contextos plurilingües”. Vuelve a equivocarse. El debate gira en torno al derecho a recibir una parte razonable de la enseñanza en una lengua oficial, como han reconocido los tribunales pero la Generalitat incumple sistemáticamente. Primero está ese derecho; después el objetivo de la competencia lingüística. Porque el fin no puede justificar los medios en una democracia. Para lograr un objetivo loable --el dominio de ambas lenguas-- no se puede limitar un derecho básico --el de recibir una parte equilibrada de la enseñanza en un idioma oficial--, como si se estuviera en un estado de alarma, excepción o sitio (en el que temporalmente se restringen derechos fundamentales, por ejemplo, con el objetivo de combatir una pandemia).

Seijo también alardea de que “este Gobierno jamás será advertido por el Consejo de Europa como ha pasado con el gobierno del PP en Galicia por incumplir la Carta Europea de Lenguas Minoritarias en diciembre de 2019 ante la desprotección de la lengua gallega”. Lo cierto es que el propio Consejo de Europa, en un informe de 2012 sobre la aplicación en España de la Carta Europea para las lenguas regionales o minoritarias felicitaba al Gobierno por su actitud para proteger las lenguas cooficiales pero también advertía a la Generalitat de Cataluña de que la promoción de la educación en catalán no debe suponer que esta "sea obligatoria para todos los alumnos"ni que "el 100% de las asignaturas han de ser en esa lengua", como ocurría y ocurre.

Es sorprendente que la dirigente del PSOE, para defender el actual modelo escolar y la modificación de la Lomce promovida por el Gobierno, señale que “los extremos identitarios que defienden el monolingüismo, sean del signo que sean, quedan fuera del marco acordado que es robusto y consensuado”. ¿Cómo es posible que Seijo acuse de monolingüismo precisamente a los que pretenden que la legislación deje negro sobre blanco que ambas lenguas oficiales deben ser vehiculares en la educación? ¡Pero si lo más parecido al monolingüismo es la inmersión lingüística obligatoria exclusivamente en catalán que rige ilegalmente en Cataluña!

¿Cómo es posible que, ahora que el PSC había empezado a moderar su posición frente a la inmersión, el PSOE los vuelva a empujar a la oscura cueva de la intolerancia? ¡Qué oportunidad perdida para Iceta a escasos meses de las elecciones catalanas!

No tiene sentido que la responsable de Educación del PSOE apele al “plurilingüismo”, a la “cohesión” y a la “tolerancia” para, en realidad, arremeter contra los que precisamente defienden un modelo de convivencia o de conjunción de ambas lenguas. Como ya tampoco es creíble el comodín de cargar contra la “derecha identitaria”, erigirse como adalid contra la “recentralización”, ni presentarse como el último bastión contra la “lucha ideológica” o “política” en la enseñanza, ni contra la “guerra cultural” en las escuelas.

Los padres que defienden el bilingüismo equilibrado en las escuelas catalanas no son nada de eso, por mucho que así los quiera caricaturizar la señora Seijo, de forma indirecta, al atacar los tímidos avances legislativos que habían conseguido.

No son fachas, ni ultraderechistas, ni luchan contra el catalán. Solo quieren ejercer sus derechos civiles. Solo quieren recibir un trato igualitario y justo. Como el que ya se disponía de forma detallada en la Constitución de la II República Española.

Y más le vale al PSOE que se vaya haciendo a la idea de que la contestación ciudadana al atropello que sufren numerosas familias en Cataluña no desaparecerá por mucho que intenten ignorarlo o esconderlo debajo de la alfombra.

 

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¿Quién es... Alejandro Tercero?
Alejandro Tercero

Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona (UB) y Agente de la Propiedad Inmobiliaria (API). Ha realizado estudios de Periodismo Digital en la UOC. Ha desarrollado su labor profesional en el ámbito del periodismo político y de la comunicación empresarial. Dirigió el digital La Voz de Barcelona --diario del que fue cofundador en 2008-- hasta su fusión con Crónica Global, en 2013. Ha presentado y dirigido el programa Voces, en Radio Intereconomía Cataluña. Ha participado o participa en tertulias sobre actualidad política en TV3, Catalunya Ràdio, RNE-Radio 4, TVE-Cataluña, RAC1, BTV, Televisió Badalona, Radio Intereconomía Cataluña, Canal Català TV y Cuatro. Es coautor del libro Cataluña. El mito de la secesión.