Permítanme ser optimista. Hay elementos suficientes para serlo. Creo que de vez en cuando hay que elevar la mirada y observar las cosas con perspectiva. Y la conclusión es inequívoca: el bilingüismo se abre paso en la administración autonómica catalana de forma lenta (muy lenta, sí) pero inexorable.

Verbigracia, las instrucciones de selectividad de este curso. El Consejo Interuniversitario de Cataluña ha establecido que se reparta un formulario a cada alumno en el que indiquen de forma anónima en qué idioma quieren recibir los enunciados de los exámenes al inicio de cada prueba. Y, en función de esa elección, deben repartirse los textos.

Es cierto que no es exactamente lo que ordenó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el año pasado, cuando dispuso que se entregaran los exámenes en las dos lenguas sin que los alumnos tuvieran que elegir una de ellas durante el reparto. Pero no tiene nada que ver con el sistema utilizado durante años, consistente en que se repartían las pruebas en catalán y, quien la quería en castellano, debía levantar la mano y pedirlo públicamente.

Si finalmente no hay ninguna otra triquiñuela (que, en todo caso, la justicia se encargaría de desactivar) por parte del departamento dirigido por la ultra Gemma Geis –quien ha prometido en reiteradas ocasiones luchar con todas sus fuerzas contra el bilingüismo–, se trata de un avance sin precedentes, un paso atrás de los radicales forzado por la justicia.

De igual forma, el reconocimiento del español como lengua de “uso curricular” en la nueva ley sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria en Cataluña, aprobada con los votos de PSC, ERC, Junts y comuns, es otra pequeña gran victoria contra los fanáticos.

Es evidente que esa normativa no da cumplimiento a la sentencia del 25% y que, con ella y con el decreto ley sobre proyectos lingüísticos, los nacionalistas pretenden precisamente incumplirla. Al igual que es un error histórico imperdonable que el Gobierno –de la mano del PSC– no recurra el decreto ante el TC. Pero confiemos en que la justicia meta en vereda a la Consejería de Educación.

En cualquier caso, todo ello no es óbice para admitir que tildar el castellano de lengua de “uso curricular” es un paso en la buena dirección, y nos acerca –más que nos aleja– al objetivo final: reconocer el español como lengua vehicular al mismo nivel que el catalán, como ha ordenado la justicia una y otra vez desde hace décadas.

No le faltaba razón al diputado de la CUP Carles Riera cuando, durante el debate para aprobar la ley, lamentaba que se trataba de una “claudicación” porque “abre la puerta” a la “vehicularidad” del castellano y “al bilingüismo”. Sí, señor Riera, de eso se trata. Este solo es un pasito más de los muchos que vendrán, y que nos deben llevar al 50% en cada lengua. Le deseo salud y larga vida para que pueda verlo.

En este sentido, cabe destacar un tercer elemento relevante que se ha conocido esta semana y que ha pasado más desapercibido de lo que se merece. Y es que la Consejería de Educación, en sus instrucciones a los centros educativos sobre cómo desarrollar los proyectos lingüísticos del próximo curso, prevé la impartición de contenidos en castellano en aquellos ámbitos en los que esta no sea la primera lengua de la mayoría del alumnado.

La cosa tiene guasa porque tanto el conseller Josep Gonzàlez-Cambray como la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, dos de los dirigentes autonómicos más extremistas, han insistido en las últimas semanas en que trabajan para que en los próximos cursos en las escuelas se hable “más catalán”. Sin embargo, los documentos internos de la Generalitat apuntan a que, al menos en las zonas de mayoría catalanohablante, el 25% en español –que, más o menos, viene a ser impartir una asignatura troncal además de la de lengua castellana– está más cerca que nunca.

Por supuesto, esto solo son progresos pequeños. Pero, insisto, más trascendentes de lo que parecen. Y, sobre todo, logrados gracias a la acción de la justicia, y al trabajo implacable de entidades como la AEB, Impulso Ciudadano, Convivencia Cívica Catalana, S’ha Acabat, Universitaris per la Convivència, Asociación por la Tolerancia, Sociedad Civil Catalana, etc.

Sea como fuere, la normalización de la normalidad lingüística no tiene vuelta atrás. La normalización que hará normal en las aulas y en la administración lo que es normal en las casas y en las calles de Cataluña.