Existía expectación por saber cómo gestionaría el nuevo líder socialista el impase político que vive Cataluña desde que los neoconvergentes de Junts per Catalunya abandonaron el gobierno de coalición con Esquerra Republicana (ERC) tras meses de sórdida batalla entre nacionalistas de diferente filiación, grado y visión estratégica.

No en vano, Salvador Illa fue el cabeza de cartel que más votos obtuvo en las últimas elecciones autonómicas. Ese liderazgo cuantitativo, que no ha tenido otra utilidad hasta la fecha, lo ejerce el primer secretario del PSC con la voluntad y la creencia de que será el futuro presidente catalán. Sabe, además, que no será por mérito propio cuanto sí por demérito de los competidores y adversarios políticos. Esa debe ser la razón por la que en los últimos meses al exalcalde de La Roca del Vallès ha cincelado una figura de respetable presidente de la Generalitat que incluso ha trasladado a su apariencia física y hasta a su tono de voz y solemne entonación.

Finalmente, la pasada semana los socialistas decidieron explicarnos por dónde irán los tiros políticos en las próximas fechas. Están dispuestos a aprobar los presupuestos para 2023 pero no a cualquier precio, como se intuía por los pactos entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras a propósito de la pseudoamnistía que andan procurando desde Moncloa a los del lío del procés. Illa y los suyos dicen con claridad que darán apoyo político al Ejecutivo de Pere Aragonés si se compromete con un reguero de medidas, algunas de Perogrullo, básicas para el futuro de la autonomía.

De la lectura del documento se extraen dos conclusiones: la primera es que los del gobierno alternativo socialista han sabido detectar de manera correcta los problemas de la región. La derivada es que ellos tampoco tienen soluciones claras o fórmulas mágicas para resolver los entuertos de la última década. Buen diagnóstico, pues; mala o ambigua aplicación de los tratamientos paliativos. Como si después de ver la analítica completa de la comunidad desde la jefatura de la oposición no supieran con exactitud que fármaco aplicar al enfermo.

El documento tiene el léxico de un programa electoral. Está hueco y se usan aquellos verbos que comprometen en nada o a muy poco. Examinen cualquier compromiso político antes de unos comicios y verán la abundancia de los términos "garantizar", "mejorar", "abordar", "incrementar", "intensificar", "impulsar"... no se echa en falta ningún infinitivo hueco.

Tres puntos han suscitado mi atención: los referidos al ámbito de la industria, las energías renovables y la salud. En lo primero no hay nada que parezca un esbozo de política industrial, salvo la petición de más fondos, que eso casi no tiene ideología ni padrino. La escasez de ideas es evidente y todo se fía a una inconcreta innovación de las empresas para las que se buscará apoyo inconcreto. Hay más. Uno de los puntos dice, literal: "Intensificar las políticas de captación de inversión industrial en Cataluña para incrementar las cifras de inversión extranjera". Así, tal cual. El redactor debe haberse tomado unas vacaciones al acabar. Desconozco si fue Raúl Blanco, exsecretario de Industria en Madrid y candidato a ministro, pero de momento parado de lujo en una destitución que nadie ha explicado convenientemente. Mientras viva Jordi Pujol haría bien algún miembro del gobierno alternativo socialista en preguntarle cómo consiguió en los 80 y los 90 que aterrizarán en Cataluña Sony, Panasonic, Yamaha, Samsung, Nissan, Denso... y un largo etcétera de grupos orientales que no hubieran localizado sus unidades productivas en tierras catalanas sin las traducciones y conocimientos de Eri Nemoto, el trilerismo simpatiquísimo de Antoni Subirà y las buenas artes urbanísticas de Joan Antoni Solans. Costaría poco aprender de la casi única cosa que hizo bien el pujolismo para el conjunto de la sociedad, que lo bautizó como preocupación por la economía productiva y que sirvió, de paso, para adiestrar a la descendencia en el noble arte de poner la mano como los egipcios. La ponían a la llegada y, si era necesario, también en la salida. Recuerden la desinversión de Lear Corporation. Por esas extrañas casualidades de la vida cayó en manos del inmaculado Josep Pujol Ferrusola y su Europraxis de la época. El vástago del expresidente se pasea en los últimos tiempos desmemoriado sobre sus andanzas, antiguos líos tributarios y pelotazos de juventud mientras va dando lecciones éticas y morales a diestro y siniestro. Cosas de familia.

Tampoco lo hacen mucho mejor los socialistas con el asunto de las renovables, aunque son algo más precisos en su propuesta presupuestaria. Se trata de dotar ese ámbito con 327 millones de euros, 180 de los cuales propone el PSC que se destinen a ponernos placas o equivalentes en los edificios para autoconsumo doméstico. Mejor que la política industrial, es obvio. Sobre todo porque le añade que contratará 75 funcionarios más para que la solicitud de permisos no duerma el sueño de los justos en la administración y que, si así sucede, los promotores puedan acelerar los trámites para unos molinillos de viento o un parque fotovoltaico por silencio positivo de la administración. Seguro que no hay 75 empleados de la Generalitat en otros departamentos más holgazanes o innecesarios (de aquellos a los que el confinamiento y el teletrabajo hizo desaparecer). El empleo público sigue como solución primera y prioritaria para cualquier actuación con el dinero y los recursos de todos. ¡Menuda socialdemocracia, más asemeja un soviet de aquellos de la economía planificada y los millonarios escondidos!

Por lo menos, hablando del déficit de renovables aciertan. No pasa lo mismo en el ámbito de la salud y parece que el exministro de Sanidad aprendió poco de su paso por aquel departamento en Madrid. La sanidad pública no se protege solo a base de más gasto, que alguien tiene que pagar al final. Una buena gestión, por ejemplo, o la colaboración con el sector privado ha demostrado en otros lugares que multiplicaba la eficiencia. Por más que la oposición le monte huelgas a Isabel Díaz Ayuso con la sanidad pública como argumento, lo cierto es que las listas de espera de Cataluña y Madrid no resisten una comparación seria y profesionalmente despolitizada. Gana la capital y gana por goleada. Pero bueno, a falta de ideas, buenos son los millones de euros: 1.287 millones más hasta sumar un coste del departamento de Salut de 13.845 millones de euros. Si son incapaces de ver la magnitud de la cifra pásenlo a pesetas y disfruten del guarismo billonario resultante.

Sí que hay una aportación en la parte sanitaria: aliviar la tramitación de las bajas laborales por parte de los médicos de la asistencia primaria, los CAP, para entendernos. Pasan un largo tiempo de su jornada despejando esa burocracia administrativa (muchos preguntan al paciente que cuántos días necesita en asuntos menores). Esta es una comunidad en la que cualquiera que salga de las urgencias de un hospital o de una cirugía mayor ambulatoria regresa a su domicilio sin disponer del certificado de incapacidad laboral y debe pedir cita y molestar a su médico de cabecera para que se lo cumplimente y entregarlo en su empresa. Es cierto que ese trámite podría venir de origen sin tanta tecnocracia.

Hay buena voluntad en el equipo de Illa, falta de concreción y cierta mejora de la picardía política. O ERC acepta parte de la propuesta del PSC o tendrá que ir fotografiando a su líder para el cartel electoral. Por primera vez, el presidenciable Illa se ha propuesto dejar esos miedos atávicos del socialismo catalán que tanta relación guardan con la cobardía de los líderes burgueses que estuvieron al frente del partido largo tiempo.

Parece que Illa se ha propuesto echarle un par de narices y forzar algo la máquina para que cuando triunfe y alcance poder efectivo pueda atribuirse algún mérito y no todo guarde relación con la locura, inoperancia, frustración y más que probable abstención del independentismo perdedor. Si Aragonés le compra un 50% del contenido del documento será un paso adelante claro y si encima logra la ampliación del aeropuerto habrá que quitarse el sombrero.

Guarda relación y tiene sentido que si el presidente catalán acabó 2022 con nuevas proclamas soberanistas y la mirada puesta en la campaña electoral de mayo próximo, su principal opositor haga lo propio. Este año que acaba de arrancar estará preñado por esa circunstancia.