En el submundo procesista abundan los caraduras. Se podrían contar por centenares los que han aprovechado el procés para sacar tajada con una buena canonjía. Ocupan cargos en la Generalitat cuya labor desarrollan a ritmo caribeño pero por la que reciben sueldos escandinavos que jamás hubieran soñado pescar en el sector privado.
Así, encontramos a indepes prescindibles enchufados en rectorías, consejos asesores de una u otra chorrada, direcciones de institutos nacionales de no sé qué, jefaturas de todo tipo de gabinetes, responsables áulicos de lo más variado, ayudantes de los anteriores y tertulianos perpetuos en teles y radios públicas.
Pese a su implicación en el procés, la mayoría de ellos han salido ilesos, aunque algunos arrastran ciertos problemillas con los tribunales. Es el caso del expresidente autonómico Artur Mas, al que el Tribunal de Cuentas le reclama 2,8 millones de euros por el dinero malversado con motivo de la organización de la consulta independentista ilegal del 9N de 2014.
Mas promovió una colecta entre sus fans para hacer frente a la fianza, que ahora se completará con el fondo público millonario creado por el consejero Jaume Giró. Y se ha presentado ante la opinión pública como un humilde represaliado por el malvado Estado español, una suerte de oprimido indefenso.
Por ello, las imágenes que se han filtrado esta semana, en las que se ve a Artur Mas --junto a su esposa, Helena Rakosnik-- disfrutar en las Baleares de un yate de lujo tras un vuelo en jet privado, son indecentes. Cualquiera tiene derecho a que un amigo le invite a viajar en un avión privado y a navegar en un barco que se alquila a 8.000 euros el día, antes de ir de compras y de inflarse marisco hasta reventar --en algo se tendrá que gastar la pensión vitalicia de 92.000 euros anuales que se embolsa, ¿no?--. Pero es obsceno mostrarse después como una víctima de la represión.
La jeta de Mas solo es equiparable a la de Rafael Ribó, otro procesista con el que comparte amor por los jets privados --en el caso del defensor del pueblo catalán, invitado por un implicado en la trama convergente del 3% para ver partidos del Barça en Europa-- y por el agua --el exlíder de ICV mandó construir una minipiscina en la azotea de la sede de la Sindicatura de Greuges para su disfrute--.
Actitudes como la de Mas hacen más necesarias que nunca instituciones como el Tribunal de Cuentas, aunque algunos exministros las consideren piedras en el camino.