Artur Mas pide anular la fianza que le reclama el Tribunal de Cuentas alegando "indefensión"

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha pedido al Tribunal de Cuentas que anule su fianza de 2,9 millones de euros por la promoción del procés secesionista, alegando "indefensión" por la "irregular tramitación" de esta liquidación provisional en la que, según él, se le vincula a algunas actuaciones de cuando ya no ejercía.

Así lo indica la defensa de Mas en el recurso, que ha remitido a la sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, y en el cual lamenta que se le dé un trato de "presuntamente responsable" y solicita que se suspenda el plazo de 15 días hábiles que se fijó el pasado 30 de junio para reintegrar, depositar o afianzar la liquidación provisional.

El Tribunal de Cuentas reclama reclama a 34 excargos del Govern cantidades individuales por conceptos concretos aprobados cuando estaban en sus respectivos puestos, relacionados con los gastos derivados de la promoción exterior del referéndum ilegal de secesión del 1-O con dinero público entre 2011 y 2017. Aunque se les reclama de forma individual por conceptos concretos, todos deben responder de forma solidaria hasta 5.422.879 euros. A mas le corresponde una fianza de 2.950.980.

"Absoluto desacuerdo"

Mas, representado por el abogado Rafael Entrena, muestra su "absoluto desacuerdo" con la responsabilidad contable que se le imputa y asegura que la fianza se tendría que anular e iniciar de nuevo el proceso ante su "irregular tramitación", que le ha sumido en una "indefensión material con perjuicio real y efectivo", lo que cree que afecta a la validez de todo lo actuado.

En su escrito, el expresidente de la Generalitat alega que el Tribunal de Cuentas le vincula en el expediente de la liquidación provisional con actuaciones que, "de manera evidente", quedan fuera del período en que ejerció su cargo, ya que dejó la Generalitat en enero de 2016.

Además, argumenta que en el expediente no se expresa por qué motivo se le atribuye la condición de "presunto responsable" contable, en relación a determinadas partidas, ni se traslada la cuantificación de la responsabilidad que le podría ser exigida.

"No es admisible"

También denuncia que "no es admisible" que un procedimiento en el que se analiza la actuación de la Generalitat durante varios años --entre 2011 y 2017-- y en el que se recaba una "documentación ingente", la primera diligencia de la que tuvo conocimiento la defensa fuese la citación para la liquidación provisional en calidad de "presuntamente responsable".

Ello supone, advierte, una "manifiesta vulneración" del derecho de defensa reconocido por la Constitución, que en este caso deviene "puramente ilusorio o formal", ya que el Tribunal de Cuentas dio el pasado 29 de junio, tras entregar a los afectados los más de 500 folios del expediente, tres horas para su lectura, estudio y presentación de alegaciones.

"Resulta evidente que dicho plazo era manifiestamente insuficiente para ejercer el derecho de defensa frente a lo que se presenta como una premisa necesaria para un afianzamiento inmediato con unas mínimas garantías", expone el recurso.

"Caso excepcional"

Por ello, recalca que la oportunidad de ejercer el derecho de defensa en este proceso es "tan solo ilusoria", ya que se trata de un caso en el que "el número de afectados, la cantidad de cuentas y gastos cuestionados y, sobre todo, el volumen de la documentación es de tal dimensión que resulta, a todas luces, ingobernable".

En este sentido, el abogado Rafael Entrena, que también representa al ex secretario general de Presidencia Joaquim Nin --para quien la fianza se sitúa en 147.864 euros--, insiste en que se trata de un "caso excepcional y como tal debió ser tratado", por lo que tendrían que haberles otorgado un plazo no inferior a las 48 horas para poder examinar, estudiar y rebatir las alegaciones del borrador de liquidación provisional.

Fondo del Govern

Por todo ello, el recurso pide que el Tribunal de Cuentas reconozca la "indefensión" a la que ha sometido a Mas y Nin y que anule la liquidación provisional que les ha impuesto, retrotrayendo las actuaciones a su inicio y, paralelamente, suspender el plazo de 15 días hábiles para depositar la fianza.

Después de que el Tribunal de Cuentas anunciara estas fianzas --que en el caso del expresidente Carles Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras se sitúan en 2.085.976 euros cada uno--, el Govern acordó crear un fondo con una dotación inicial de 10 millones de euros para ayudar a los ex altos cargos afectados.