Barcelona consiguió un hito en 2019 del que poco orgullosa puede estar como ciudad. Fue el territorio del país donde más hurtos se registraron. Solo en los tres primeros meses de ese ejercicio se denunciaron 26.836, su récord absoluto. La pandemia y el confinamiento, con la consiguiente desaparición de los turistas, relajaron las cifras durante dos años que tampoco fueron precisamente de paz. Se robó menos, pero se robó. Los ladrones pusieron en el foco desde niños que salían de la escuela, un blanco fácil para quedarse sus dispositivos móviles, hasta los coches aparcados en las calles y en los aparcamientos subterráneos.

El fin de la parte más dura de la crisis del coronavirus y el regreso de los viajeros a la ciudad ha propiciado que el delito que más ha aumentado durante el primer trimestre sean, precisamente, los hurtos. Se han registrado 16.684 denuncias y los responsables de la seguridad ciudadana, especialmente la Guardia Urbana, se preparan para un nuevo verano caliente. De hecho, en algunos hoteles de la ciudad ya se avisa a sus huéspedes de que es preferible salir a la calle sin reloj porque hay ladrones especializados en identificar y sustraer productos de lujo de las muñecas de sus propietarios.

El problema es que incluso los profesionales de la seguridad están sobrepasados. Reconocen que Barcelona se ha convertido desde hace años en un lugar atractivo para la delincuencia. Los motivos han sido de sobras analizados. Bandas profesionales perfectamente organizadas saben que se encontrarán con una ley muy laxa para los pequeños hurtos y robos, con una presencia policial en las calles que es limitada excepto en momentos puntuales --recordemos el fracaso del programa de la policía de proximidad-- y con unos cuerpos de seguridad escasos de medios.

Además, podrán ocupar una vivienda, se encontrarán con un gran número de visitantes en la zona y, cuando empiecen a acumular causas y a ser demasiado sospechosos (es decir, que la policía les controle), solo tienen que abandonar el país y dejar que les releven otros.

Hacer frente a esta realidad es complicado. La inseguridad en Barcelona fue el principal tema de debate de las pasadas elecciones municipales y se mantiene como la gran preocupación de la ciudadanía. Queda menos de un año para los nuevos comicios locales y la cuestión ya ha surgido en precampaña. Pero responder a ello requiere, entre otras cosas, unidad política a la hora de aplicar más mano dura a los multireincientes que brilla por su ausencia.

Con todo, hay espacio para el optimismo. El Congreso de los Diputados ha aprobado la tramitación de una norma trabajada por PDECat y PSOE para cambiar la legislación actual y recuperar las penas de cárcel si se acumulan hurtos. La petición que llegaba tanto de la parte judicial (unos tribunales que también están inmersos en su propia lucha para conseguir más recursos, los que esperan que llegue tras una renovación del Consejo General del Poder Judicial que se arrastra desde hace años) y la empresarial.

La Comisión de Interior ratificó el pasado jueves el texto legislativo con 21 votos a favor, 16 abstenciones y ningún voto en contra. En cuanto a los motivos de los partidos que no la apoyaron --PP, Vox, UPN y PNV-- son puramente políticos, de desgaste a la coalición de gobierno.

Ahora, se espera que el Senado decida reunirse en julio y empezar las vacaciones un poco más tarde para ratificar la nueva herramienta jurídica y se pueda usar este mismo verano. Si no sale adelante, Mossos y Guardia Urbana solo contarán con el Pla Tremall y su fuerza de voluntad para frenar lo que se espera que sea volver al escenario de 2019, con la inseguridad en máximos. Ante este panorama, solo queda una pregunta: ¿se puede permitir la Cámara Alta pasar de debatir la medida en las próximas semanas?