Bienvenidos a este extraño mundo en el que señores célibes hacen recomendaciones sexuales y empresarios advierten de que no contratarán mujeres. Porque esa ha sido la reacción a la nueva ley del aborto aprobada por el Gobierno, cuyas buenas intenciones quedan empañadas por la precipitación y las discrepancias entre ministerios. Y también por el populismo que subyace en una serie de medidas, muy necesarias, pero que suscitan dudas sobre su viabilidad económica.

¿Puede el Estado sufragar las bajas por menstruación dolorosa? ¿Puede un sistema sanitario colapsado atender las interrupciones del embarazo? No pueden, pero deben. Evitar retrocesos en una ley avanzada y necesaria como es la que regula el aborto --crucemos los dedos para que el Tribunal Constitucional no anule la normativa de 2010, impugnada por el PP-- exige menos debate mediático y más recursos. Y eso es algo que no parece haber tenido en cuenta Podemos, de nuevo a la greña con el PSOE en un tema crucial.

La ideología --religiosa, social, política-- irrumpió hace años en el debate sobre un derecho, el de la mujer, que algunos insisten en eliminar. El conservadurismo más recalcitrante rechaza el aborto, pero también la educación sexual en los colegios. O la píldora del día después. Recordemos que hace años, el catolicismo ultramontano también rechazaba el preservativo y definía la epidemia del sida como un juicio de Dios.

Esa “España que ora y embiste”, que decía Machado, se rasga las vestiduras ante la posibilidad de que una chica de 16 o 17 años no necesite del consentimiento paterno para poner fin a su embarazo, obviando que, a esa edad, ya se es responsable penal. Los más reaccionarios utilizan vericuetos verbales para dar a entender que la nueva ley del aborto va a favorecer esa práctica. Como si fuera tan fácil, como si no fuera traumático. Ninguna ley obliga a una joven a poner fin a la gestación, pero aquella que decida hacerlo, debe contar con todas las garantías sanitarias. Y para ello se necesitan recursos. Como todas las leyes si se quiere evitar que queden en papel mojado.

Igualmente positivo es blindar jurídicamente las bajas por reglas incapacitantes, que de hecho ya existían, como ha admitido la ministra de Justicia, Pilar Llop, evidenciando así ese punto populista que tiene la norma impulsada por su compañera de gobierno, Irene Montero. El Estado pagará esas bajas, lo que tranquiliza a esos empresarios que ya amenazaban con no contratar a mujeres en lo que supone una vuelta de tuerca en brechas de género, discriminación y cierta sorna respecto a las enfermedades de las mujeres. Y eso va por la regla y también, por los embarazos. ¿Nos reímos pues de quienes sufren de la próstata?

Puestos a suponer, son muchos los hombres que vaticinan un alud de falsas bajas por menstruación o que cuestionan que “bueno, seguro que no es para tanto”. Yo he visto compañeras de facultad y amigas literalmente dobladas cuando tenían la menstruación y a las que, muchos años después, se les diagnosticó endometriosis. Porque ese es otro problema que se debe resolver, el de la falta de diagnósticos más precoces y la reducción de listas de espera en una enfermedad que afecta a dos millones de personas en España. De nuevo, la falta de medios sanitarios.

“¡Ah, pero la mujer es pecadora y merece ser castigada!”, decía la ultracatólica madre de Carrie en la maravillosa película de Brian de Palma. Nada que ver con los anuncios de compresas y tampones --"¡Hola, soy tu menstruación!", "¿A qué huelen las nubes?"-- donde el color rojo de la sangre era sustituido por un líquido azul y casi virginal.

Todo esto es demasiado serio como para que no haya generado un debate pausado en la coalición del Gobierno de Pedro Sánchez, que afronta su recta final. De ahí las prisas, se entiende, malas consejeras sobre todo en materia económica, pues la nueva ley sale con partida presupuestaria asignada, pero ¿podrá ejecutarse en un contexto de recesión?

Fuera de la norma ha quedado una medida imprescindible, la reducción del IVA de compresas y tampones. Y el permiso retribuido para embarazadas no comenzará en la semana 36, sino en la 39. Parece que el pulso entre los ministerios económicos y sociales ha durado meses. Demasiados equilibrios en un Gobierno al que, no obstante, hay que aplaudir por categorizar los vientres de alquiler como una forma de violencia contra las mujeres.