Dice Joan Tapia que hay que indultar a los presos del procés. Que su estancia en la cárcel “no ayuda a la normalización de la vida social y política” en Cataluña. Pero no aporta ningún razonamiento de peso que justifique su demanda.

Deberíamos tener en cuenta que en una democracia madura como la española, lo que es normal en la justicia --es decir, que los delincuentes cumplan sus condenas-- no debería afectar a la vida social y política. O, al menos, no debería utilizarse como excusa para disculpar acciones violentas e intimidatorias (la fiscalía acaba de calificar así los disturbios de octubre pasado y los engloba en el apartado de "terrorismo nacional") ni posicionamientos políticos destructivos e infames como los de los últimos meses.

Además, no hay ni un solo elemento --ni uno-- que lleve a concluir que, con un indulto, el independentismo asumiría un comportamiento sensato y razonable. Más bien al contrario. La experiencia nos dice que cuanto más ha cedido el Estado, más se ha radicalizado el nacionalismo catalán. Cuanto más autogobierno ha obtenido la Generalitat, más ha crecido el secesionismo ultra. Cuanto más débil se ha mostrado el Gobierno, más fanática ha sido la respuesta del independentismo.

De hecho, el secesionismo solo ha dejado de avanzar a las bravas cuando el Estado de derecho ha actuado con firmeza. Esto es, con la ejemplar respuesta del 1-O (especialmente por la mañana) y con la posterior aplicación del 155 light (que trajo los meses más tranquilos que se han vivido en Cataluña en décadas).

Es ilusorio pensar que con un indulto el independentismo abrazaría la moderación. Lo más probable es que sus líderes --Torra, Puigdemont, Junqueras, Rovira, Paluzie, Canadell, Borràs, Tremosa, etc.-- lo vendiesen como una victoria y lo utilizasen para animar a los suyos a seguir avanzando en la “confrontación” con el Estado. Recordemos que todos ellos son los del “lo volveremos a hacer”. Solo es cuestión de tiempo y oportunidad.

No dudo de la buena fe de personajes tan relevantes y abiertamente contrarios a la secesión como el director editorial de El Periódico; los líderes de UGT y CCOO en Cataluña, Camil Ros y Javier Pacheco, o el dirigente de la Lliga Democràtica y expresidente de SCC, Josep Ramon Bosch, entre otros. Pero se equivocan.

Un indulto sería visto por una buena parte de los catalanes y por una mayoría de sus compatriotas del resto del país como un engaño. Que los responsables del mayor desafío contra la democracia española en décadas --sin importarles echar mano de la violencia-- saliesen a la calle en apenas tres años sería un insulto para los que creen en la justicia y cumplen las leyes.

Dice Tapia que “hoy el Gobierno de Sánchez debe corroborar con hechos --no solo palabras-- su voluntad de desinflamar” y pide que empiece con el indulto a Dolors Bassa.

Sería el peor error que puede cometer el Ejecutivo. Una nueva mirada cortoplacista que trasladaría la patata caliente a próximos gobiernos, pues envalentonaría a los dirigentes nacionalistas y les insuflaría ánimo y moral para seguir con su irracional cruzada.

La mejor forma de desinflamar es dejar claro a las futuras generaciones que las actuaciones premeditadas ilegales que buscan fracturar el país tienen consecuencias proporcionales a la gravedad del desafío. Es el único camino hacia la normalización.