En los últimos días ha saltado a la primera línea del debate político el escándalo en torno a la posibilidad de que el Gobierno nacionalista de la Generalitat --tanto en tiempos de Artur Mas como de Carles Puigdemont-- haya desviado fondos procedentes del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para el procés, y más concretamente para la celebración del referéndum secesionista ilegal del 1-O.

El caso estalló hace una semana, de la mano del titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que investiga la organización de la consulta prohibida por la justicia.

En un auto en respuesta a un recurso de Josep María Jové --ex número dos de Junqueras en Economía y dueño de la famosa Moleskine que, probablemente, ayudará a que varios de los promotores del referéndum ilegal acaben en la cárcel--, el magistrado realiza una argumentación singular. Por una parte, constata que el procés se desarrolla desde el 9N (2014) o, por lo menos, desde las elecciones autonómicas del 27S (2015). Recuerda que entre 2012 y 2017 la Generalitat ha recibido del FLA más de 53.000 millones de euros en pagos anualizados. Y concluye que "resulta evidente que el importe destinado a la celebración del referéndum del 1-O debe atribuirse, en parte, al crédito obtenido del FLA, ya que estas cantidades constituyen una parte importante de los ingresos anuales de la Generalitat, y ante la imposibilidad de atribuir un gasto concreto a una determinada partida de ingreso, es por lo que cualquier gasto deberá imputarse, por lo menos y en la proporción que corresponda, al importe del FLA percibido aquel año". Unos gastos que, subraya, constituyen un delito de malversación de caudales públicos, que conllevan una condena de dos a ocho años de cárcel y de seis a veinte de inhabilitación para cargo público.

Sorprende la aproximación que el juez hace en relación al origen del dinero inequívocamente malversado el 1-O. Plantear que, como la Generalitat recibió mucho dinero del FLA, es "evidente" que una parte del gasto ilegal tiene ese origen, me parece mucho suponer.

Pero mucho más sorprendente me parece el inusitado interés que tiene el magistrado por descubrir la procedencia de los fondos malversados, puesto que, procedan del FLA o del sistema de financiación ordinario de la Generalitat, en ambos casos se trata de dinero público. Es decir, la clave de si hubo malversación está en el (mal) uso de los fondos --destinarlos a un referéndum ilegal--, no en su origen, por lo que indagar cuál fue este es irrelevante, además de difícil de descubrir.

La Administración General del Estado debería implementar algún tipo de sistema adicional de supervisión y control permanente y exhaustivo de todos los gastos del Gobierno autonómico catalán

Así lo admite la unidad de la Guardia Civil que actúa bajo el mandato del juez, tal y como Crónica Global revela hoy. En todo caso, y ya sea dinero procedente del FLA o de la financiación ordinaria del Gobierno autonómico de Cataluña, el sistema para ocultar el destino fraudulento de los fondos consistía, probablemente, en falsificar los conceptos de las facturas y de los contratos marco con los proveedores. Una práctica en la que presuntamente el Govern contó con la complicidad de las empresas, algunos de cuyos responsables también están bajo investigación judicial.

Ante esta situación, Ciudadanos se ha apresurado a tratar de sacar tajada electoral y se ha lanzado a la yugular del Gobierno del PP. La formación liderada por Albert Rivera ha tildado lo apuntado por el magistrado de "surrealista", ha acusado al Ejecutivo de Rajoy de no haber controlado correctamente el destino del dinero --recordemos que las cuentas de la Generalitat están supervisadas por Montoro desde hace meses-- y ha exigido al Gobierno que asuma "responsabilidades" en caso de que se confirmen las sospechas del juez Ramírez Sunyer. "El dinero del Estado, financiando un golpe de Estado", ha lamentado Rivera en una intervención pública.

Lo cierto es que no le falta razón al líder de los naranjas, pero sí una pizca de valentía política. Más allá de las críticas al Gobierno, tal vez debería haber propuesto algunas soluciones para que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir.

Tal vez, llegados a este punto de deslealtad institucional --en el que la Generalitat utiliza de forma sistemática y premeditada recursos del Estado para destruir al propio Estado--, Ciudadanos podría proponer que la Administración General del Estado implemente algún tipo de sistema adicional de supervisión y control permanente y exhaustivo de todos los gastos del Gobierno autonómico catalán. Un sistema que podría incluirse en la reforma constitucional que algunos plantean y hacerlo extensible al resto de CCAA, no vaya a ser que los defensores del federalismo asimétrico --un sintagma que siempre me ha parecido un oxímoron como una catedral-- piensen que les estoy dando la razón.

Anímese, señor Rivera, que seguro que pesca algunos votos, si eso es lo que le preocupa.