El futuro del acuerdo laboral firmado entre el Gobierno y los agentes sociales antes de finales de año se ha debatido esta semana en Cataluña. El Ejecutivo de Pedro Sánchez aún carece de los apoyos necesarios para sacarlo adelante en el Congreso y el pressing que ha recibido ERC en los últimos días ha sido casi total. Solo ha faltado la CEOE, aún inmersa en sus disputas sobre las derivadas del pacto.

La ministra de trabajo, Yolanda Díaz, fue la primera en pasar por Barcelona. Había mostrado la complicidad de su formación con los republicanos en la cena privada (y, por ende, muy publicitada) con el presidente catalán, Pere Aragonès, tras la conferencia de este en Madrid --sirvió para “romper el hielo” entre ambos, ya que no se conocían-- y en esta ocasión se ha sentado con el consejero de Empresa, Roger Torrent. También de forma discreta y divulgada.

Su objetivo era convencer a los republicanos de que le dieran el apoyo que necesita para sacar adelante el primer gran acuerdo político que lleva su sello. Por ahora, los independentistas se resisten. Exigen concesiones en el documento ratificado por patronal y sindicatos con mensajes más o menos contundentes según el día. La formación titubea en este plantón al Gobierno para adecuar la normativa laboral. Por este motivo, nadie apuesta ni descarta que al final la apoye.

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, también vinieron de la mano a Barcelona para exigir casi lo mismo que la líder de Podemos. Es decir, que el politiqueo no pase por encima de la concertación social --aunque se hayan sellado pactos en este ámbito que no se podían llevar a la práctica porque el Gobierno está en minoría--.

También presionaron a los republicanos con la importancia que tendrán para los trabajadores los cambios que intentan introducir en la reforma laboral del PP. De nuevo, ERC está en una encrucijada. Decidir si sella otro pacto con el Gobierno, con las concesiones que sea, o responder a los que le exigen que al Estado, ni agua. Estos son los guardianes de las esencias independentistas, cada vez más escorados y que ya les han situado en el bando de los botiflers, un sector con cada vez más catalanes.

A Aragonès le surgen retos políticos de debajo de las piedras. A la presión del road show para desbloquear el acuerdo laboral se le une el jardín en el que el propio partido se ha metido con la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno Barcelona-Pirineus 2030. ¿El Govern comunicará finalmente al Comité Olímpico Español que no la apoya? ¿Se pondrá de perfil, como hizo en su día Jordi Pujol con los JJOO de verano de Barcelona 92? ¿O la fomentará?

ERC debe tomar una decisión, pero la formación parece alérgica a ello. El problema de fondo en ambos líos políticos es el mismo, su intento de agradar a todo el mundo consigue, precisamente, el efecto contrario.

En el debate olímpico, no quiere pisar callos básicamente a los comunes, el partido con el que puede llegar a acuerdos en el Parlament --la ruptura de los bloques en la Cámara catalana aún no ha llegado al punto de construir las complicidades necesarias para pactar con el PSC-- y posiblemente cerrar algún pacto de gobierno en Barcelona si la demoscopia actual se confirma. Pero tampoco quiere quedar mal con los alcaldes de la zona que apoyan las inversiones unidas al proyecto olímpico y que rechazan de frente ciertos argumentos ecologistas con más base ideológica que real. Por todo ello, se han sacado de la manga una votación que, al final, ha conseguido molestar a todas las partes.

En el pacto laboral, el pressing le viene de todos los lados. Del Gobierno, de los agentes sociales e incluso de sus socios en el Govern, aunque en sentido contrario. Todo ello, en un pacto de legislatura que no naufraga del todo por las buenas maneras de los que se sientan en el Consejo Ejecutivo a pesar de las pullas constantes entre las formaciones independentistas.

Se considera que la actual legislatura es la que lleva a ERC a la madurez como partido que implica ostentar por primera vez la presidencia de la Generalitat. El momento en el que la asume no es el más sencillo, ya que debe pilotar el posprocés con todo lo que implica. Las indefiniciones en las que el partido está inmerso ante decisiones políticas con impacto a medio y largo plazo le anclan a una eterna adolescencia que asegura que quiere superar. ¿Tendrá la valentía real para hacerlo?