Algunos sindicatos minoritarios han convocado movilizaciones para hoy con el propósito de sumar voluntades contra el real decreto que el Congreso debería convalidar el jueves para introducir algunas modificaciones en la legislación del trabajo, lo que se ha dado en llamar la nueva reforma laboral.

En puridad tienen algo de razón porque los cambios que introduce no son radicales, aunque sí importantes y, como ha subrayado el catedrático de Derecho del Trabajo Antonio Baylos, positivos porque es la primera vez en los últimos 40 años que el legislativo movería ficha para ampliar los derechos de "las personas trabajadoras".

Es verdad que deja como están las indemnizaciones por despido y que permanece intacto el temible artículo 41 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que permite a las empresas modificar horarios, categorías y salarios por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Pero también es cierto que, además de reforzar la contratación indefinida, introduce elementos que dificultan el despido, lo que en la práctica da más resultados que su encarecimiento. La aplicación de los ERTE durante la pandemia ha sido un excelente banco de pruebas de este tipo de mecanismos.

Y también retoca aspectos fundamentales de la negociación colectiva, como que el convenio de empresa no sea preeminente y volver a la ultraactividad si hay bloqueo en su renovación.

Los acuerdos son buenos, claramente. No podría ser de otra manera cuando tienen el respaldo de la patronal, los sindicatos mayoritarios y el Gobierno.

El problema nace de que su ratificación es, objetivamente, un triunfo para el Ejecutivo. El PSOE y Unidas Podemos se han puesto de acuerdo, una vez superadas las estridencias habituales transmitidas en directo, en el desarrollo de uno de los puntos básicos de su pacto de coalición. La CEOE ha cometido el pecado de dar su apoyo sin ser consciente de que podría ser presentado como una medalla en el pecho de Pedro Sánchez, algo que la dirección del PP no puede perdonarle. Menos aún si resulta que el texto de los retoques de la legislación laboral ha recibido la bendición de Bruselas, que condiciona el suministro de ayudas a que se apruebe y entre en vigor tal como está.

Probablemente, Pablo Casado hubiera sacado más provecho diciendo la verdad, que no hay nada de derogación sino actualización y adecuación; que no puede ser de otra manera cuando ha obtenido la bendición de la autora de la reforma laboral de 2012, Fátima Báñez, directora de la Fundación de la CEOE en estos momentos.

ERC, PNV, JxCat y PdCAT tampoco saben cómo beneficiarse y ponen condiciones que en algunos casos presentan como de izquierdas cuando en realidad son todo lo contrario. ¿En qué ámbito pueden defender mejor sus intereses los trabajadores? ¿En el convenio de empresa o de sector, en el provincial o en el regional, en el autonómico o en el nacional?

De sacar algún provecho de su presión, los nacionalistas solo conseguirían beneficiar a los sindicatos locales con los que quieren hacer sombra a UGT y CCOO. Cuando ERC y EH Bildu condicionan sus votos a que Ciudadanos no apoye la reforma se ponen en una evidencia que sonroja: cómo podrían evitar que Inés Arrimadas vote como le parezca oportuno.

Junto a la mayoría de los ministros del Gobierno, los dos grandes sindicatos se han lanzado a una campaña inédita a favor del acuerdo sellado con la patronal, una forma de denunciar que demasiado a menudo la política es politiquería y solo responde a los intereses coyunturales de las cúpulas de los partidos.