Que Josep Bargalló haya dado su primera rueda de prensa desde que se decretó el estado de alarma da idea del tipo de gestión que está llevando nuestro Govern. El consejero de Educación sí ha dado alguna explicación en TV3, algo que denota un cierto masoquismo republicano, pues si algo ha caracterizado a la televisión catalana estos días de encierro y posterior desescalada es su servicio a la causa neoconvergente a costa de reprochar a ERC su gestión en salud, residencias y enseñanza.

Por todo ello deberá responder Vicent Sanchis mañana, en la comisión parlamentaria de los medios públicos catalanes, después de dos meses de absoluto descontrol, pues la oposición no ha podido ejercer esta función durante estas semanas.

Y si Sanchis tendrá que dar explicaciones sobre censuras diversas en el caso Rosell y sobre la rídícula aparición de Joan Canadell con sus máscaras catalanas en prime time, al consejero Bargalló también le quedan por delante muchas preguntas por responder. La principal, tras reconocer que hay una “emergencia educativa”, cómo se va a combatir la brecha digital que ha generado el curso telemático, tal como advierten los padres de alumnos, Educo, Save The Children, la Fundació Bofill e incluso el Síndic de Greuges, dedicado a tapar las miserias del Govern, pero que en la denuncia de la segregación escolar, hay que decir que ha estado a la altura.

Pero no parece que la consejería se dé por aludida y, más allá de poner fechas en el calendario, ni anuncia planes de choque, ni más recursos para afrontar los efectos de la pandemia. Y estos son, entre otros, que los niños que no tienen acceso a internet o cuyos padres no han podido atenderles están en inferioridad de condiciones. Más desigualdad, por tanto. Más pobreza.

Ante esta situación, el Govern opta por volver a pasarle el marrón a los ayuntamientos y a los centros. Esto es, la responsabilidad de reabrir los centros. Como hizo con el reparto de las tarjetas monedero destinadas a los beneficiarios de las becas comedor. Como también hizo precisamente con el reparto de ordenadores a los alumnos más desfavorecidos. Los equipos no llegaron a todos, a pesar del esfuerzo de los consistorios, que tiraron de recursos propios y ajenos --la solidaridad de empresas y asociaciones-- para intentar que la brecha digital no se convierta en abismo.

La Comisión de Seguimiento del Pacto contra la Segregación Escolar, según acordaron ayuntamientos, sindicatos, profesores y familias, debía reunirse cada seis meses. El retraso es doblemente indignante, porque las desigualdades han crecido con la pandemia. Y porque quienes están al frente de la Generalitat dan prioridad a la vía telemática para sus aventuras identitarias, entre ellas la deseada investidura a distancia de Carles Puigdemont que se prepara en el Parlament mediante la reforma del reglamento. Pero ya sabemos que ese tipo de pactos, grandilocuentes y ambiciosos acaban siendo papel mojado. Una foto congelada. Así ha ocurrido también con el Pacto Nacional por la Industria. Luego nos lamentamos del caso Nissan.

Y es que los socios del Govern, inmersos ya en una precampaña que se prevé larga y pesadísima, anteponen sus luchas internas a la gestión, por ejemplo, de la pobreza cronificada. Resulta especialmente significativo que los presupuestos de la Generalitat de 2020 no dediquen ni un euro a la segregación escolar. Cuentas inútiles, sí, pero también ideológicas. Lo raro es que sean el vicepresidente Pere Aragonès y Josep Bargalló, republicanos y pretendidamente de izquierdas, quienes dirijan esos negociados. Si aspiraban a un buen expediente de gestión, se están cubriendo de gloria.