Torra da la espalda a los alcaldes sobre el caos de las becas comedor

Quim Torra rechaza cambiar el sistema de reparto de las 160.000 tarjetas monedero destinadas a los beneficiarios de las becas comedor y que ha sido encomendado a los ayuntamientos durante la crisis del coronavirus y mientras los colegios estén cerrados. En una carta enviada a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y en respuesta a una queja generalizada de ediles de PSC y En Comú Podem, el presidente de la Generalitat niega que los consistorios y los consejos comarcales carezcan de apoyo y de competencias para hacer esa labor.

Tal como ha publicado Crónica Global, el desbarajuste se mantiene y cada ente local ha decidido gestionar esas ayudas a su manera. Mientras en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), donde hay 7.000 beneficiarios, se ha optado por descentralizar la entrega por barrios, en Castelldefels (Barcelona), donde hay unos 600, ha recurrido a la mensajería.

Explica Torra que, en una reunión mantenida el 19 de marzo con una representación del mundo local, “me comprometí a trasladar al consejero de Educación las cuestiones que nos planteamos las entidades municipalistas en relación a este tema. Y después de valorar todas las posibilidades, desde el departamento se ha considerado que la opción escogida en la más adecuada”.

Complejidad

Torra reconoce “la gran complejidad de todo el sistema que entre todos estamos implementando, desde la producción física de las tarjetas hasta la distribución a los menores beneficiarios, pasando por las operaciones contables que se han tenido que hacer o la entrega en todos los puntos de distribución del territorio (algunos de los cuales en situación de confinamiento). La manera en que, juntos, estamos abordando este asunto las diversas administraciones responsables es un excelente ejemplo de colaboración”.

No comparte el presidente catalán que los consistorios no tengan competencias en relación con la distribución de tarjetas a las familias y que esta distribución la hagan sin ningún tipo de apoyo por parte de la Generalitat y los centros educativos”. Afirma que, según la ley de servicios sociales, “los municipios de más de 20.000 habitantes son los responsables de los servicios sociales básicos y, como tales, son los responsables de la gestión de las medidas implantadas”.