El Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés, pero anuncia que la política de estímulo que viene practicando desde 2015 con la compra de deuda pública se acabará el año próximo.

Eso significa que uno de los grandes pilares en que se apoya la estabilidad económica española y el crecimiento está próximo a su fin. Y también que el Gobierno debe poner en marcha medidas que compensen esas ventajas artificiales que van a desaparecer. La modificación de la reforma laboral que hizo el PP en 2012 podría ser una de ellas.

Pedro Sánchez ha enviado un mensaje cuando ha celebrado su primera reunión institucional con sindicatos y patronal y con los cambios que el Gobierno de Mariano Rajoy introdujo en el Estatuto de los Trabajadores encima de la mesa.

La reforma supuso una devaluación salarial que permitió la creación de empleo, pero a costa del aumento de la precariedad y del estancamiento de la productividad, lo que también afecta a las empresas.

Uno de sus objetivos era debilitar la negociación colectiva para restar fuerza a los sindicatos. Por eso, el miércoles pasado éste fue uno de los temas centrales del encuentro en la Moncloa.

Es cierto que solo los convenios empresariales pueden contemplar acuerdos que liguen salarios y productividad, uno de los mecanismos flexibles que pueden modernizar las relaciones laborales y favorecer el desarrollo de las empresas. Pero también es verdad que, como recuerda el economista José Carlos Díez en De la indignación a la esperanza (Plaza Janés), la reforma de 2012 tiene mucho que ver con que España sea el país europeo donde más ha crecido la desigualdad desde que se inició la recesión. No solo estamos en cabeza de la tasa de paro, sino que quienes vuelven a entrar en el mercado de trabajo lo hacen con retribuciones un 30% por debajo de su empleo anterior.

Un sistema que permita salarios dignos, no solo puede beneficiar a los trabajadores y a las empresas, recuerda Díez, sino que resolvería parte del problema de tesorería de la Seguridad Social a través de mejores cotizaciones.

La nueva ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha sido muy prudente en la definición de sus objetivos para la contrarreforma laboral: se ampara en el escaso apoyo parlamentario de su Gobierno, dando por hecho que el centenar de diputados de otros partidos que les respaldaron en la moción de censura no les acompañarían en una modificación profunda de la legislación laboral.

Fátima Báñez, su antecesora en el ministerio, ha celebrado la reunión tripartita de la Moncloa alegrándose de que su reforma laboral “se quede”, insinuando que el PSOE no tiene interés en derogarla, ni tan solo en modificarla de forma sustancial, pese a lo que dijera cuando estaba en la oposición.