Es difícil no celebrar que la delincuencia ha caído un 6% en Cataluña durante el primer trimestre de 2025. Es un dato claro, contrastado por el Ministerio de Interior, y respaldado por las cifras de todos los cuerpos policiales del Estado. Y sí, es una buena noticia: bajan las denuncias por ciberdelitos —un 15,6% menos— y los delitos contra el patrimonio registran sus mejores cifras en años. En Barcelona, por ejemplo, los robos con violencia e intimidación han descendido casi un 10%.

Pero, como ciudadana y como mujer, no puedo evitar tener una sensación agridulce. Una contradicción entre los titulares optimistas y una realidad que sigue golpeando con fuerza: los delitos contra la libertad sexual han aumentado un 12,5% en ese mismo periodo. En sólo tres meses, se han presentado 1.015 denuncias por agresiones sexuales en Cataluña. De ellas, 421 corresponden a violaciones —es decir, agresiones con penetración—. Más de una cada seis horas.

Es por ello, y bajo mi punto de vista, que podemos quedarnos sólo con la lectura numérica. Podríamos pensar que no hay más casos que años atrás, sino más denuncias. Y eso, en parte, es esperanzador. Porque implica que cada vez hay más mujeres que se atreven a romper el silencio. Que existen más recursos, más apoyo, más protocolos y, quizás, más confianza. Pero, aún así: 1.015 denuncias. 1.015 mujeres —y en algunos casos, niñas— que han vivido un atentado contra su integridad, su cuerpo y su libertad.

A veces, cuando hablamos de estadísticas, corremos el riesgo de deshumanizar los datos. Pero detrás de cada cifra hay una víctima. Una historia. Un trauma. Y un sistema que, a pesar de los esfuerzos, sigue colapsado: los abogados del turno de oficio denuncian que la mayoría de urgencias que atienden tienen que ver con delitos sexuales. 

En este sentido, celebro que el Gobierno y la Generalitat estén trabajando para crear nuevos juzgados especializados en violencia sobre la mujer, y que se impulse una justicia más preparada, más humana y más cercana. Pero, a la vista de los datos, seguimos lejos de construir una sociedad donde las mujeres no sean violadas.

Si bien es cierto que el "violador de portal" es una figura cada vez más extinguida, lo preocupante es que seguimos teniendo que lidiar con que el enemigo esté en casa. El 80% de los agresores sexuales son conocidos por las víctimas: parejas, exparejas, familiares, amigos. Esto desmonta mitos y obliga a mirar de frente una realidad incómoda, pero imprescindible de nombrar: el grueso de las agresiones no vienen de desconocidos en la calle, sino de vínculos cercanos y entornos que deberían ser seguros.

Por eso, frente a quienes prefieren quedarse con el descenso general de la criminalidad, yo elijo mirar más allá. Elijo escuchar lo que no siempre sale en los gráficos: el miedo, el peso del silencio, la valentía de quienes denuncian. Y, sobre todo, elijo no normalizar estas cifras.

Da igual si ahora se denuncia más y antes se callaba: el problema está en que 1.015 mujeres han sido agredidas sexualmente en sólo tres meses. Esa cifra, por sí sola, ya debería estremecernos. Porque el problema no es sólo lo que ahora sabemos, sino lo que sigue ocurriendo. Y eso, nos guste o no, da miedo.