Mucho ha llovido desde que Cesare Beccaria, en la segunda mitad del siglo XVIII, denunciara la desproporción que en su época existía entre delitos y penas.

La mayoría de la legislación penal occidental posterior se inspiró en este jurista milanés para establecer castigos ajustados a la gravedad de los crímenes cometidos.

Sin embargo, una cosa es la proporcionalidad entre delitos y penas, y otra muy distinta la impunidad, como también advertía el propio Beccaria. Y esto es lo que parece que ha arraigado en nuestro país con los responsables del procés.

Primero, con una sentencia sorprendentemente generosa para los cabecillas del intento de golpe al Estado en septiembre y octubre de 2017.

Segundo, con unos indultos inexplicables a esos mismos convictos que el propio Tribunal Supremo desaconsejó.

Tercero, con una amnistía incomprensible otorgada por los mismos que, apenas unas semanas antes, juraban que jamás la concederían pero que acabaron firmándola con el único objetivo de mantenerse en el poder.

Y, por si eso no había sido suficiente, ahora, a las innumerables gracias, se suman nuevas recompensas.

La última de ellas es la decisión del Gobierno de proponer a Pere Soler como consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Soler, como director general de los Mossos d’Esquadra durante el 1-O, fue uno de los principales responsables (junto al Mayor Josep Lluís Trapero), de que los casi 17.000 agentes de la policía autonómica pusieran todo tipo de facilidades para la celebración del referéndum secesionista ilegal.

La fiscalía pedía para Soler 10 años de cárcel por sedición (los mismos que para Trapero) pero, en una sentencia inaudita, la Audiencia Nacional le absolvió por los pelos (el fallo se aprobó por dos votos a uno, los de los magistrados Ramón Sáez y Francisco Vieira frente a Concepción Espejel).

Ahora, además de salir impune de su papel en el 1-O, el Gobierno de Sánchez premia a Soler con un puestazo en una de las instituciones más importantes del Estado, que conlleva un sueldo de más de 125.000 euros al año (más de 20 millones de pesetas, por si no queda claro). Todo para contentar a Junts y a Puigdemont, y aferrarse al poder, claro.

Supongo que, si Beccaria levantara la cabeza, se llevaría las manos a la ídem.