En realidad, es irrelevante si es verdad o mentira que el PSOE haya ofrecido en reiteradas ocasiones un indulto a Puigdemont a cambio de entregarse, cómo él asegura y el Gobierno desmiente.

Lo trascendental es que es verosímil. Lo triste es que es creíble. Lo lamentable es que nadie duda de que es posible –incluso probable– que el Gobierno de la nación haya ofrecido la absolución al principal promotor del procés.

De hecho, este Gobierno ha indultado a todos los líderes del intento de secesión unilateral que ha podido y ha eliminado el delito de sedición, lo que en la práctica supone poco menos que la impunidad de los golpistas. Recordemos que solo pasaron tres años y pico entre rejas, pese a que fueron condenados a penas de entre nueve y trece años.

Lejos –muy lejos– quedan las promesas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la campaña de las elecciones de noviembre de 2019, de “traer de vuelta” a Puigdemont para “que rinda cuentas ante la justicia”.

Una campaña en la que el presidente también prometió “incorporar en el Código Penal un nuevo delito para prohibir de una vez por todas la celebración de referéndums ilegales en Cataluña, como ha ocurrido cuando gobernaba el PP”.

Más lejos aún, en mayo de 2018, queda aquella intervención del entonces líder del PSOE y aspirante a la Presidencia del Gobierno en la que aseguró que los líderes del procés habían cometido rebelión.

Lo cierto es que el presidente Sánchez ha dejado muy claro que no se arrepiente de haber hecho lo contrario de lo que prometió respecto al independentismo. “He tenido cambios de posición política en algunos asuntos de Estado”, ha reconocido recientemente.

Y lo ha justificado con el argumento de que “la política está para resolver problemas, aportar soluciones” y de que “Cataluña no es hoy una de las principales preocupaciones de los ciudadanos y sí lo era hace cinco años”. “Creo que hoy Cataluña está infinitamente mejor”, ha insistido.

Veámoslo.

La inmersión escolar obligatoria exclusivamente en catalán sigue aplicándose, y los padres tienen que acudir a la justicia para conseguir un miserable 25% en español. Los castellanohablante siguen discriminados sistemáticamente en sus relaciones con la administración: encontrar un rótulo en castellano (además de en catalán) en la vía pública es un milagro en Cataluña (¿recuerdan el inaudito episodio del subdelegado José Crespín con el cartel de la A-2 a su paso por Cervera?). Las escuelas siguen siendo núcleos de fomento del nacionalismo. En las universidades sigue siendo heroico declararse constitucionalista (y no digamos organizar cualquier actividad en esa línea). Los medios públicos siguen insuflando odio nacionalista por tierra, mar y aire. La ley de banderas sigue sin cumplirse en cientos de edificios públicos (desde ayuntamientos a escuelas, pasando por mercados y oficinas municipales) de forma flagrante y permanente. Y la neutralidad de las administraciones sigue brillando por su ausencia en todos los sentidos (empezando por reparto de las subvenciones y siguiendo por la presencia de esteladas en espacios públicos).

¿Infinitamente mejor, señor Sánchez? A mí me parece lo contrario. De hecho, no tengo duda de que el indulto a Puigdemont (como lo fue con sus secuaces) es la condena de la convivencia.