Lamentablemente, el ciudadano no es consciente de que es necesario aprobar unos nuevos Presupuestos de la Generalitat para potenciar servicios públicos esenciales. Garantizar la calidad en sanidad y educación pasa por aumentar los recursos públicos y eso no es posible con unas cuentas prorrogadas. Que los médicos anuncien ya una huelga a la madrileña y que el sector educativo caliente motores para renovar sus movilizaciones no es una anécdota. Tampoco un capricho laboral.

Evitar retrocesos en el Estado del bienestar es la única forma de frenar el aumento de la pobreza y de las listas de espera. Ayer lo advertía ECAS (federación de Entidades Catalanas de Acción Social): El 25,9% de la población catalana está en situación de pobreza o exclusión de manera cronificada.

¿Qué hace Pere Aragonès al respecto? Pues marear la perdiz sobre los nuevos presupuestos y anunciar planes de choque como si no hubiera un mañana. Planes que necesitan consensos y unas cuentas renovadas. Puede que los catalanes no entiendan de finanzas públicas, pero sí saben distinguir entre medidas eficientes y propaganda. Al debilitado por minoritario Govern se le va la fuerza por la boca, pues anuncia cumbres y pactos nacionales por encima de sus posibilidades.

¿Sentido de Estado? Curiosamente lo tiene a nivel español, porque así se defienden los intereses catalanes. ERC acaba de apoyar los Presupuestos Generales del Estado de 2023 tras negociar inversiones en Cataluña por valor de 900 millones. Inevitable sospechar que, con ese dinero del Estado maligno --según el independentismo más recalcitrante--, Aragonès intente tapar agujeros presupuestarios. De hecho, el gasto catalán de 2022 se cuadró con los fondos Next Generation.

Si los republicanos pueden negociar/pactar con el PSOE, tampoco son comprensibles las reticencias a cerrar un acuerdo con el PSC. Imprescindible no solo para afrontar la carestía energética y el alza de precios, sino para hacer prevención ante futuras crisis. Ir a remolque de los imprevistos, reaccionar a posteriori cuando hay una hecatombe favorece las desigualdades. Lo vimos durante la pandemia, cuando la brecha digital se agrandó en las escuelas, por poner un ejemplo.

En una ocasión, el líder del PSC, Salvador Illa, aseguró que “ser de izquierdas es incompatible con ser independentista”. Y va a tener razón. Porque, a tenor del tacticismo soberanista de Aragonès, parece que lo prioritario son los gabinetes de crisis creados para fomentar (una vez más) la lengua catalana o demorar la aprobación de unos presupuestos de la Generalitat porque “la foto con los del 155” no queda bien. Curiosamente, y si esa es la razón por la que no acaba de rematar el tema presupuestario, el tiempo juega en contra del president, pues si la cosa va de imágenes incómodas y costes electorales, lo serán mucho más si se cierra un acuerdo con los socialistas en primavera, esto es, en vísperas de los comicios municipales.

A no ser, como se asegura en los mentideros políticos, que ERC tiene más de convergente que de izquierdas. En tal caso, se entendería su parálisis en temas sociales o en la convocatoria, por ejemplo, de la mesa de pobreza energética con cinco meses de retraso.

Valga por delante la presunción de inocencia. Y también un cierto optimismo respecto a la aprobación de los Presupuestos de 2023. No así en el ritmo que lleva este Govern en materia de reconstrucción económica y social.