Es difícil entender el papel del PSC en estos momentos de la política catalana. No solo hace la vista gorda ante la vulneración constante de los derechos lingüísticos de la mitad de la población, que es quizá lo que más llama la atención, sino que se ha convertido en una especie de alfombra del Govern.
Salvador Illa, su primer secretario, no cesa en su ofrecimiento para apoyar los presupuestos del 2023, aparentemente, a cambio de nada. Solo para facilitar el normal funcionamiento de la Administración y de la actividad económica. Trata de evitar, sobre todo, la prórroga de las cuentas públicas que supondría una pérdida superior a 3.000 millones de euros, lo que Josep Oliver Alonso, catedrático de Economía Aplicada y hombre de ideología progresista en absoluto sospechoso, ha calificado de "inmoral".
Pero también es cierto que los socialistas quieren consolidar la grieta abierta entre ERC y JxCat, una grieta que no sólo pone fin al procés, sino que acaba con las ensoñaciones que incorporó presentando a gentes conservadoras como revolucionarios antisistema que sumaban confusión trumpista al escenario político local. Y, a juzgar por su coalición en la poderosa Diputación de Barcelona, cabe suponer que el PSC haría lo mismo si fueran los neoconvergentes quienes se hubieran quedado en minoría en la Generalitat.
El movimiento nacional impulsado desde el poder a inicios de la década pasada tardará mucho tiempo en normalizarse, si es que alguna vez lo hace. Sería saludable que nos acostumbráramos a coexistir con esa agitación porque hay pocos métodos para superar el victimismo, un sentimiento tan humano como destructivo.
Uno de ellos --sin garantías-- puede ser el de Salvador Illa: ayudar a la división de los cuadros dirigentes del nacionalismo. ¿Total, a qué precio? Mirar a otro lado en materia de educación ya es tradicional cuando se trata de Cataluña o del País Vasco, lo han hecho centristas, conservadores y socialistas. Reconocer que existe un conflicto político, como presume Pere Aragonès, tampoco es para tirar cohetes, sobre todo si recordamos que José María Aznar llegó a definir a ETA como el “movimiento vasco de liberación”.
El paso más importante de acercamiento, de cesión, han sido los indultos, que no han alterado la inhabilitación para ejercer cargos públicos ni han evitado el paso por prisión de la plana mayor de quienes orquestaron el despropósito de 2017. Y es precisamente el que los independentistas no reconocen.
Tampoco es fácil encontrar alternativas a esa estrategia. Ciudadanos, que tan mal uso hizo de su victoria electoral de 2017, le propone ahora al PSC que presente una moción de censura. Gesticulación inútil, a no ser que considere que JxCat se sumaría a Cs para apoyar al candidato de la "represión".
