Una investigación judicial por presunta malversación en la DYA de una provincia vasca ha aflorado las conexiones entre el nacionalismo catalán y el norteño para hacerse con el suculento pastel de las emergencias. El caso de Fernando Izagirre, ex alto cargo del Gobierno vasco en urgencias y desastres, mando que ha terminado cesado mientras se dilucida si desvió dinero público con Cataluña como centrifugadora, deja más preguntas que respuestas, por ahora. 

Lo que se sabe es poco, pero desconcertante. Se investiga si Izagirre utilizó presuntamente dos sociedades catalanas para saquear la DYA vasca. En paralelo a ello, florecieron negocios entre empresas catalanas y vascas de transporte sanitario. Las firmas sostienen que esas aventuras son dinámicas empresariales, mientras que desde el sector se da por descontado que la etapa del ex alto cargo cesado permitió tender puentes con Cataluña que aún se utilizan. 

Sea ello así o no, lo cierto es que la huella vasca en la sanidad catalana y viceversa deja muchas cuestiones abiertas. ¿Por qué dos socios como Maiz y Ambulancias Egara montan una unión temporal de empresas antes de entrar en franca guerra, incluidos los seguimientos entre ambas? ¿Por qué una firma catalana como La Pau logra contratos en Euskadi con promesas que luego no puede cumplir?

Y hay más. ¿Qué papel juega en el transporte sanitario catalán el entorno de Manuel Lao, fundador de Cirsa? ¿Por qué directivos del juego como Fermí Ferran han entrado en la industria? ¿Qué rol está reservado al clan cántabro de las emergencias, con directivos como Rafael Gómez Urculo? ¿Cómo de cerca estuvo Ambulancias Egara de la antigua CDC?

El mapa de las emergencias está inacabado. El hecho de que se trate de una industria pegada a la Administración por medio de contratos cuyas cláusulas de rescisión son leoninas provoca que sea dudoso que jamás se logre componer todo el puzle. Pero lo que seguro que no ayuda es que las ambulancias circulen con senyera o ikurriña. Las cuitas políticas contaminan el libre mercado y levantan suspicacias en un mercado que apenas las necesita. Solo hay que recordar la última macrolicitación catalana, con garrotazos por doquier entre aspirantes a lograr una contrata. 

En la telaraña de emergencias vasco-catalana se sabe que una joint venture de empresas de ambos enclaves operó un lucrativo negocio de formación antidesastres en Can Padró, una instalación que desde fuera parece un páramo, pero que desde dentro se postula como única en Europa por su configuración y posibilidades. Es un hub de formación de personal de emergencias que sería referencia en otros países, pero que aquí quedó atrapado en un toma y daca de intereses tanto empresariales como chauvinistas. 

Es uno de los ejemplos de contaminación política en la aventura empresarial. Un fenómeno que en otros campos, sobre todo si estos están dopados con conciertos con la Administración pública, ha provocado estragos. Por ello es más necesario que nunca que las ambulancias circulen sin bandera.