No nos engañemos. El principal peligro para la convivencia en Cataluña no son los tipos como Puigdemont, Forcadell, Rull o Turull. A ellos se les ve venir. Siempre fueron de frente. Advirtieron una y otra vez de que organizarían un referéndum secesionista ilegal y de que declararían la independencia a las bravas. Y así lo hicieron.
El Estado democrático está sobradamente capacitado para defenderse sin despeinarse de estos energúmenos. Sus aberraciones se solucionan de un plumazo con un puñado de jueces, unos cuantos antidisturbios y unos años a la sombra. Y a por otra cosa.
Los verdaderos enemigos de la convivencia en Cataluña son los que se presentan como moderados, como razonables, como dialogantes, pero que en realidad trabajan incansablemente para socavar el marco legal que garantiza nuestros derechos y libertades. Aquellos a los que muchos consideran sensatos pero cuyos argumentos difieren muy poco de los de los nacionalistas más ultras.
Y no son pocos. Ni permanecen ocultos. Al contrario, en algunos casos alcanzan puestos de relevancia. Normalmente por culpa de la ingenuidad o de la necesidad de los que deberían priorizar la defensa de la legalidad y la equidad.
El último de estos personajes que ha emergido a la primera línea de la arena política es Joan Subirats, el nuevo y flamante ministro de Universidades. El mentor de Colau es una verdadera amenaza para todos los que quieren una sociedad más justa, más igualitaria y más próspera.
"No creo que exista ningún problema con el castellano en las universidades catalanas", soltó en uno de sus primeros encuentros con la prensa recién aterrizado en el cargo. La normalidad para este individuo es que el 75% de las horas de los grados universitarios en Cataluña se impartan en catalán, el 14% en español y el 10,9% en inglés (según datos de la Generalitat correspondientes al curso 2019-2020), pese a que --también según el ejecutivo autonómico-- el 48,6% de los catalanes tiene el castellano como lengua habitual; el 36,1%, el catalán, y el 7,4%, ambas.
Días después, montó el primer incendio en el Gobierno. Con la que ha caído en los últimos años planteó otro referéndum. “Creo que alguna forma de consulta de un cambio en la estructura del Estado tendría que haberla en un momento u otro”, propuso en una entrevista con Cuní. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, se vio obligada a rebatirle de forma inmediata. “Cuando haya consulta, será sobre un acuerdo”, señaló la ministra en referencia a una hipotética reforma del Estatuto –en todo caso, otra frivolidad–.
Subirats compra y divulga los mismos argumentos que los nacionalistas: que si hay un “conflicto político” de España con Cataluña; que “una parte muy importante del problema que tenemos viene determinada porque hubo una reforma del Estatuto que se aprobó por el Parlamento de Cataluña, fue al Congreso de los Diputados, se votó en referéndum por el pueblo de Cataluña y después pasó lo que pasó con la sentencia del Tribunal Constitucional”; que el TC “no debería revisar” leyes aprobadas en parlamentos autonómicos; que si hay que “reconocer la identidad nacional catalana”...
El ministro de Universidades votó en los dos referéndums secesionistas ilegales, el del 9N de 2014 y el del 1-O de 2017. Y defendió su celebración públicamente. “Iré a votar o a lo que sea el 9-N para no dejar de apoyar el derecho a decidir y el amplio movimiento de radicalidad democrática con el que coincido”, alardeaba unas semanas antes desde las páginas de El País, en las que también proponía una posterior "Declaración Unilateral Constituyente".
El 1-O incluso tuiteó una foto suya votando en el referéndum ilegal, con mensajes como “Rajoy dimisión”, “he votado” y “democracia”. Posteriormente, arremetió sin piedad contra la aprobación del 155 (apoyada en el Senado por el PSOE, con el que comparte el Consejo de Ministros), embistió contra la detención de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez (condenados por sedición) –“es un problema de democracia” que “quiebra las vías de diálogo posible”, dijo–, calificó a los condenados por el procés de “presos políticos” y reclamó que se colocara el lazo amarillo en la fachada del Ayuntamiento de Barcelona. Hasta ha tenido palabras de cariño y comprensión hacia el fugado Puigdemont.
Por supuesto, Subirats es absolutamente libre para hacer y decir lo que le venga en gana. Lo increíble es que el PSOE le haya permitido entrar en su Gobierno.