La número dos de las listas de PDECat en las elecciones catalanas de, por ahora, febrero, Joana Ortega, nos explicaba hace unos días cómo, para organizar la consulta independentista de 2014, centraron todos sus esfuerzos en bordear la ley. Realizaron un trabajo de finezza para no superar una línea roja que se había identificado perfectamente y nadie quería traspasar. Al final recibieron una condena de inhabilitación que ha tardado cinco años en ser firme.

Más allá del sentido de la consulta, hace siete años en la Generalitat se dedicaron muchas horas a estudiar a fondo la normativa vigente para trabar una estructura legal que soportase el envite lanzado al Estado. ¿Se ha perdido esta habilidad con el paso de las legislaturas? ¿Tanta desobediencia les ha llevado a ser incapaces de ello?

Resulta igual de preocupante que los errores en el decreto de suspensión electoral partan más de una voluntad política que de la incompetencia. La responsabilidad es del Govern, por mucho que en la guerra entre partidos independentistas (recrudecida por la posible cita electoral) algunos intenten hacerse el muerto.

Que la decisión acabaría ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) era de esperar. Que la multitud de recursos que se presentaron pasaran el corte y fueran admitidos a trámite, no.

El Gobierno catalán ha sumado otro ejemplo de incompetencia en algo tan sensible como la convocatoria de un proceso electoral. No puede alegar desconocimiento, hace un año que el entonces presidente, Quim Torra, anunció la intención de poner las urnas tras su proceso de inhabilitación. La crisis epidemiológica lo paralizó todo, pero 10 meses después no se puede culpar al virus para esquivar lo que es dejadez de funciones.

Quizá el vicepresidente, Pere Aragonès, se arrepienta ahora de no haber asumido el cargo de presidente. Ya que, si se es pulcro, la falta de un líder claro en el Ejecutivo catalán hace aún más complicado salir del enredo actual. Además de propiciar que el Consejo Ejecutivo se haya convertido en un reino de taifas en el que no solo se va por libre a nivel de partidos, hay versos sueltos incluso a título individual. Vean si no el ejemplo del titular de Empresa y Conocimiento, Ramon Tremosa. Ante el discurso de que ahora se deben incrementar las restricciones, él hace una defensa acérrima de las zonas turísticas catalanas que lleva a una conclusión lógica; si en febrero se puede ir a esquiar, también se podrá ir a votar.

De hecho, esta última semana hemos visto actuaciones tan bizarras como la de la titular de Salud, Alba Vergés, al anunciar que reclamará al Estado las competencias necesarias para decretar un nuevo confinamiento domiciliario exprés en Cataluña. Más allá de que la presión hospitalaria por el patógeno es real (y preocupante), lo que inquieta es que esta reclamación se enmarque más en un pulso a los socialistas para acabar con el llamado efecto Illa --llega tras una encuesta del CIS que peca quizá de un exceso de optimismo con el PSC-- que por una preocupación sanitaria real. Si no, no se explica que en las dos últimas reuniones del Procicat no se hayan endurecido ninguna de las medidas de contención del virus en Cataluña. Solo se han prolongado las restricciones existentes.

Es más, la petición de Vergés (que Torra y el Colegio de Médicos de Barcelona ya habían hecho) fue rechazada por el propio Aragonès. El vicepresidente en funciones de presidente recordó el conflicto de competencias y una cuestión que imposibilita aún más este escenario. Que la Generalitat no está en disposición de movilizar los recursos económicos que requeriría decretar un encierro autonómico. Es decir, más ayudas para que la actividad no muera del todo.

El TSJC ha tenido que salir al paso y asegurar que los magistrados no fijarán ninguna fecha electoral en Cataluña, solo protegerán un derecho tan fundamental como el del voto. Una apreciación inaudita ante la campaña iniciada por el independentismo de apelar a todos los males de los tribunales y acusarlos de organizar la agenda política en la comunidad. ¿No será quizá que el corolario de errores del Govern nos ha llevado a la situación actual? ¿Tan difícil era tras un pacto con el resto de los partidos dar forma al aplazamiento electoral?

El camino elegido por el secesionismo es llevar el 14F al terreno de los sentimientos, un escenario que le ha dado buenos resultados en el pasado. Pero incluso sus votantes se lo cuestionan, quizá también por la guerra intestina entre formaciones para conseguir una posición hegemónica que garantizaría el acceso a la presidencia de la Generalitat. Las encuestas por ahora se la otorgan a ERC, aunque el sorpasso de JxCat está cerca. Pero, cuidado, no vaya a ser que la estrategia resulte fallida y los comicios se celebren en otra clave. ¿Qué ocurrirá si se vota solo pensando en gestión?