El Govern ha decidido estar activo en vacaciones. Casi parece que Quim Torra y su equipo de consellers quieran acallar las críticas de los que les acusan de inactividad con una retahíla de globos sonda que esta semana han entrado de nuevo en el terreno del procés.

Intentar demostrar que la Generalitat aún mantiene un pulso con el Estado para forzar la independencia es la única explicación posible al nuevo jardín en el que se ha metido el consejero de Políticas Digitales y Administraciones Públicas, Jordi Puigneró (JxCat). El mismo que aplaudía los sellos de la república o que anunció a principios de 2018, y en plena presentación de la estrategia común para conseguir que Barcelona se convirtiera en uno de los laboratorios 5G de Europa, que aspiraba a construir un “Estado digital en forma de república”.

La idea siempre ha quedado en el aire y el estupor con el que recibieron el anuncio político el resto de partners que estaban al lado de la Generalitat ese día, cuando se intentaba situar la ciudad en el mapa europeo de la innovación, fue premonitoria. Lo mismo ha ocurrido esta semana con el anuncio de que había dado con un “mecanismo” para que los funcionarios que quieran vayan a trabajar el 12 de octubre y el 6 de diciembre. El Día de la Hispanidad y el de la Constitución, “res a celebrar” (nada que celebrar) para los independentistas.

Puigneró se ha situado de nuevo en cabeza de la carrera del procesismo en el Gobierno catalán con una medida que ha sido aplaudida de forma acérrima entre los que apoyan estas tesis. CCOO y UGT de Cataluña han sido los encargados de echar agua al vino y recordar que el mismo Ejecutivo de Puigneró aprobó hace tiempo el calendario laboral de 2019 y que acaba de hacer lo propio con el de 2020. Y el documento es claro, ambas jornadas son festivas en todo el territorio catalán.  

Señalan que se sacó adelante tras un proceso de concertación social que, de nuevo, Puigneró ha obviado. No es la primera ocasión en que el responsable de la función pública pasa olímpicamente de los sindicatos y se tira a la piscina con sus declaraciones. En esta ocasión, alega que se lo ha pedido “mucha gente” y señala de forma directa a una organización con representatividad en la Generalitat, la independentista Intersindical-CSC. Olvida que no consiguió la mayoría necesaria para estar presente en la mesa general y que, por lo tanto, no estaría presente en una eventual discusión sobre este tema.

Eventual porque, según lo que explican desde CCOO y UGT, ya mantuvieron un intercambio de opiniones con Puigneró sobre esta cuestión. Y su posición no ha cambiado ni un milímetro a la actual. Rechazan de frente que, por ejemplo, el sábado 12 de octubre los funcionarios deban decidir si van o no a trabajar. Aseguran que implica meterles en un brete porque se pide posicionarse a favor o en contra de una idea política y se muestran dispuestos a ir a los tribunales para frenar este “mecanismo” que el conseller detallará en septiembre.

Quien sí tiene más claro que la concertación social es el camino es el vicepresidente de Economía, Pere Aragonès. El político de ERC la ha invocado para que sean las patronales y los sindicatos los que definan lo que él denomina el “salario mínimo catalán”. Pero no deja de ser una cifra de referencia que se debería tener en cuenta en los convenios colectivos que se firman en el Cataluña. Lo máximo a lo que se puede llegar en este sentido y, de nuevo, en condicional.

El Govern intenta demostrar que está activo y saca adelante políticas de todo perfil. Corre el riesgo de quedarse en un especialista en expandir humo.