José de la Mata, el meticuloso magistrado que desde la Audiencia Nacional instruye uno de los mayores casos de corrupción vividos en Cataluña, el llamado caso 3%, empieza a tener ultimado un largo sumario con innumerables ramificaciones. En las últimas semanas, el juez ha llamado a declarar a muchas personas implicadas en la supuesta trama de financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), que serán los últimos encargados de explicar su participación en el asunto antes de que la Fiscalía Anticorrupción realice las peticiones de condena para los investigados.

En el mismo contexto jurídico, a la vuelta de agosto se espera también la sentencia del juicio celebrado en el Tribunal Supremo y que determinará el futuro de los políticos encarcelados. No será el único asunto judicial del otoño-invierno, ya que el caso 3% puede sumar aún mayor tensión política en la comunidad autónoma.

Germà Gordó Aubarell (Pobla de Segur, 1963), el exconsejero de Justicia y antiguo hombre fuerte de las entrañas del partido de Jordi Pujol y Artur Mas, está en el centro de la diana de ese procedimiento. A él se le atribuye en la fase de investigación ser el gran muñidor de las actuaciones irregulares que se juzgan y que tenían por objeto obtener fondos ilícitos para el partido que gobernaba gracias a los concursos públicos y licitaciones en el que participaban empresas privadas, obligadas a entregar a la formación una parte del contrato que recibían. La investigación ha resultado larga y compleja, pues ya se preocuparon los participantes en esa trama por no dejar rastro alguno de sus actuaciones. O, por lo menos, los mínimos posibles.

Sin embargo, muchos de los implicados empiezan a preferir confesar su participación en esas actividades a cambio de eludir la prisión en una condena final. Hay varios acusados que han comenzado el proceso de pactar conformidades con la fiscalía y que, a cambio de atenuar sus hipotéticas penas, apuntan a Gordó. El exconsejero es un hábil negociador, jurista y marido de una prestigiosa magistrada, Roser Bach, integrante nada menos que del Consejo General del Poder Judicial. Por si todo eso fuera insuficiente, la defensa de su imputación la tiene encargada al que todos consideran el mejor penalista catalán (hasta que la televisión encumbró a los abogados de los acusados por el 1-O), el letrado Cristóbal Martell.

La defensa de Gordó no quiere, por el momento, pactar con la fiscalía una confesión de los hechos y una condena suave. Considera Martell que la tipicidad del delito que se le atribuye a su cliente deja muchos resquicios por los que un tribunal tendrá dificultades para condenarle. Siempre, claro, que el resto de imputados no apunten y pongan en un aprieto al político con sus confesiones pactadas.

Josep Antoni Rosell, el empresario que dirigió la empresa de infraestructuras de la Generalitat y al que la Guardia Civil le encontró 80.000 euros en la caja fuerte de su domicilio, es otra de las piezas claves del rompecabezas del caso 3%. De hecho, lo que diga Rosell en su confesión para lograr una conformidad con la sentencia será determinante para el futuro procesal de Gordó, que niega todos los hechos que se le atribuyen. Y, por supuesto, antes de que el sumario esté del todo completado y listo para ser juzgado, la acumulación de pruebas por parte del instructor y del fiscal encargado del caso, el correoso y persistente José Grinda, pueden deparar alguna sorpresa adicional. ¿Artur Mas, la Fundació Catdem? Qui sait?

Lo que parece seguro, en todo caso, es que el futuro político de Gordó quedará amputado por este caso. El partido político que logró nuclear en torno a su derrocada figura (Convergents) no será más que una anécdota a partir de septiembre.